La vivienda, la política y la mixtura social

La política habitacional en Chile ha dado pasos significativos en materia de integración social durante los últimos años.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo logró configurar durante los últimos cuatro años un círculo virtuoso de cooperación mutua entre distintos actores. Hacienda, Minvu, la Banca y el sector privado de la construcción confluyeron para dar vida al Programa de Integración Social y Territorial, que permite –actualmente- generar conjuntos habitacionales socialmente integrados y bien localizados al interior de las ciudades.

Lo que en sus inicios (2015) se concibió como una medida extraordinaria para reactivar la economía y generar empleo en el sector de la construcción -y también como una vía de solución para las miles de familias que habían recibido subsidios sin proyectos habitacionales asociados entre 2010 y 2013- es hoy un programa regular del Minvu, que permite que el sector privado postule proyectos que aseguren mixtura social, buena localización, acceso a servicios, dotación de infraestructura y adecuada conectividad.

Así, un tercio del total de las viviendas construidas (más de 100 mil) entre 2014 y 2018 están insertas en barrios socialmente integrados, en conjuntos habitacionales donde conviven personas que vivían allegadas o en campamentos; familias de sectores medios; y también familias que acceden a una vivienda con recursos propios por la vía de créditos hipotecarios.

Sobre este programa, Felipe Correa, Director del Magíster en Diseño Urbano de la Universidad de Harvard, manifestó en una visita realizada en 2017 a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la UC que "todo proyecto habitacional que diversifique e integre genera mejor ciudad, y es un modelo que mata también el mito de no poder mezclar distintos segmentos socioeconómicos en América Latina. La mixtura social es muy saludable para las personas y para la ciudad".

Lo anterior es tremendamente valioso y da cuenta de una política habitacional más robusta y madura, que ha sabido evolucionar y que ha asumido un rol protagónico en el combate contra la segregación socio espacial que imperó durante gran parte del último tiempo en el país, con resultados urbanos desastrosos que urge corregir.

De hecho, la historia reciente nos muestra aciertos y desaciertos. Uno de los legados urbano-habitacionales de la dictadura militar, y de buena parte de la década de los 90, significó la expulsión de miles de familias de escasos recursos hacia las periferias de Santiago, situación que tuvo que ser posteriormente abordada en materia de dotación de servicios, conectividad e infraestructura, pero que también debió competir con la gestión del Estado para atender el enorme déficit habitacional cuantitativo que imperaba entonces en el país. Así, una vez atendido este gran déficit durante décadas (Chile bajó la barrera de las 400 mil viviendas faltantes, según indica la última Encuesta CASEN de 2015), el Estado ha ido asumiendo un rol importante en la generación de ciudades más equitativas y barrios socialmente integrados.

Lo esperable es que el Gobierno recién asumido intensifique el trabajo en esta materia. La socio integración habitacional es necesaria, sobre todo en un país que aun presenta índices de segregación urbana y social tan sensibles.

Además, el Programa de Integración Social y Territorial se ha consolidado como un instrumento que revitaliza espacios y sectores de la ciudad que -con altos estándares de urbanización, viviendas adecuadas y de buena calidad, mixtura social y acceso a servicios y buena conectividad- se incorporan a la trama urbana cotidiana, transformándose en una valiosa herramienta del Estado para hacer ciudad.