Ministerio Público

SEÑOR DIRECTOR:

El lunes, el Pleno de la Convención Constitucional debe decidir sobre un elemento fundamental de nuestro sistema de justicia: la organización del Ministerio Público. A pesar de los esfuerzos, nos parece que el segundo informe sigue presentando serias deficiencias, que en lugar de corregir las graves falencias que presenta la actual orgánica y funcionamiento del ente persecutor, las acentúa.

Es indiscutida la insuficiencia de controles con que actualmente opera el fiscal nacional y las demás autoridades del Ministerio Público, lo que ha llevado a decisiones escandalosas en materia de delitos de connotación pública. Pero compartiendo el diagnóstico, la propuesta de la Comisión de Justicia yerra, pues en lugar de reforzar y despolitizar los controles, los debilita y politiza aún más. En efecto, por mucho que nominativamente exista un fiscal nacional, en la propuesta sus atribuciones son insignificantes, y quien decide es el denominado Consejo Superior. Con ello, no se refuerza el control político o ciudadano, sino que se diluye en un órgano colegiado con amplias facultades y respecto del cual se hace aún más difícil determinar responsabilidades. Además, su conformación politiza aún más la institución y el informe nada dice sobre los méritos técnicos que deben satisfacer los candidatos. En definitiva, se termina burocratizando aún más a un órgano que debe ser operativo y eficiente.

Las consecuencias nocivas saltan a la vista. La solución a las actuales sensaciones de injusticia, impunidad de los poderosos y falta de servicio eficiente para las víctimas no puede quedar entregada a la improvisación de esta propuesta, sin ningún ejemplo en la experiencia comparada.

Esperamos que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, en el Pleno de la Convención Constitucional primen la responsabilidad y el sentido de realidad.

María Elena Santibáñez Torres

Profesora de Derecho Penal y Procesal Penal P. Universidad Católica de Chile