No solo la aplicación de una ley

Foto: Agenciauno

SEÑOR DIRECTOR:

La polémica generada en torno a las querellas presentadas por el gobierno invocando la Ley de Seguridad del Estado (LSE) contra un grupo de camioneros que bloqueó distintas rutas, no debe distraernos del origen del problema.

Los transportistas protestan, precisamente, por la inseguridad en las rutas. Lo hacen ejerciendo una presión ilegal. Y a ellos se les aplica una ley impopular pero poderosa; una novedad para esta administración, aunque no sabemos si un giro.

En efecto, un giro sería un accionar poderoso aun cuando impopular, para terminar con lo que la Corte Suprema ha calificado como un actuar arbitrario e insuficiente para enfrentar, con políticas adecuadas, el problema de inseguridad.

No se puede abdicar del deber de ejercer las potestades que la Constitución y la ley entregan a las autoridades encabezadas por el Ministerio del Interior en materia de seguridad. Las potestades se otorgan finalizadas, para servir a la ciudadanía; en este caso, para garantizar la convivencia pacífica.

Así, tal vez, lo que hay que pensar es si la utilización de una herramienta como la LSE lo que hace es alimentar una polémica que termina por opacar el deber que la Corte viene recordando en una decena de fallos, en sede de protección, y que apunta a una preocupación central: la ausencia de “un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas o grupos sociales que han visto amagados sus derechos” frente a situaciones de violencia.

Alicia de la Cruz M.

Profesora de Derecho Administrativo

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