Por una verdadera agenda “anti-abusos”

TDLC

Las prácticas unilaterales abusivas afectan, diaria y directamente, el corazón de los negocios de miles de empresas medianas y pequeñas, minándoles su capacidad de competir. Una verdadera agenda “anti-abusos” sería el primer paso para devolverlas al centro y rebalancear la práctica de la libre competencia.



La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados ha anunciado que en diciembre retomará el estudio de un proyecto de ley presentado por el gobierno en marzo de este año, el cual, en esencia, aumenta las penas de cárcel en materia de colusión cuando hay involucrados bienes calificados como “de primera necesidad”; introduce nuevas figuras en materia de libre competencia (como el llamado “denunciante anónimo”); y confiere más facultades a la Fiscalía Nacional Económica para la persecución de carteles. El gobierno ha dicho que concuerda con la necesidad de retomar su discusión de manera íntegra.

El proyecto fue coloquialmente bautizado como la “agenda anti-abusos”. Sin embargo, más allá de ciertos aspectos que pueden ser positivos, aquél sólo profundiza reformas pasadas; y lo hace, además, de una forma que en muchos aspectos resulta al menos discutible desde la teoría, cuestionable en cuanto a sus reales posibilidades de aplicación, y dejando demasiados espacios abiertos a la interpretación.

Por el contrario, la agenda no ataca lo que realmente se conoce como “abusos” en materia de libre competencia: aquellas prácticas llevadas a cabo por una empresa que tiene un gran poder de mercado en contra de sus competidores, y que producen un efecto negativo en dicho mercado.

Aunque las prácticas unilaterales son variadas y no siempre ilegales (incluso si las efectúa una firma de gran tamaño relativo), existe una percepción generalizada de que los abusos cometidos a través de muchas de ellas son comunes y de que sus efectos son aún más perniciosos que los de la propia colusión. Con todo, el excesivo foco legislativo y práctico en esta última, junto a una serie de complejidades asociadas a la litigación (como las dificultades probatorias, por ejemplo), han tendido a invisibilizar esos abusos durante al menos los últimos diez años. Es en este ámbito donde se está al debe y donde debiera enfocarse la política pública para atacar los problemas de competencia de forma efectiva.

Se abre hoy una buena oportunidad de remediar esto. En materia de persecución y sanción de la colusión contamos con una legislación que está a la altura de las mejores prácticas y políticas de países desarrollados. No ocurre lo mismo respecto de las prácticas unilaterales abusivas. Son ellas las que afectan, diaria y directamente, el corazón de los negocios de miles de empresas medianas y pequeñas, minándoles su capacidad de competir. Una verdadera agenda “anti-abusos” sería el primer paso para devolverlas al centro y rebalancear la práctica de la libre competencia.

-El autor es abogado y ex ministro del TDLC

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