Niños haitianos vulnerables ingresando de manera irregular por el principal aeropuerto del país. Adultos sin vínculo aparente con ellos encargados de transportarlos por decenas, entrando a Chile sin los documentos requeridos y entregando esos menores de edad no se sabe a quién. Muchos todavía mantienen paradero desconocido, lo que ha encendido las alarmas no solo por su seguridad y cuidado sino, también, por el conjunto de negligencias estatales que lo hicieron posible. En rigor, no era fácil coordinar este nivel de “descontrol” migratorio en un país donde te arriesgas a una severa sanción por el solo hecho de intentar ingresar una fruta.

Bastó un informe de Contraloría para dejar en evidencia una larga cadena de fallas institucionales, de las cuales hasta ahora nadie se hace cargo. Un engranaje que incluía el relajamiento de protocolos y supervisiones por parte del Servicio Nacional de Migraciones, de la Dirección de Aeronáutica Civil, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez, entre otros. Es cierto que en los últimos años ha habido un relativo deterioro en el funcionamiento de muchas entidades públicas, pero la verdad es que toda esta red de negligencias resulta, por decir lo menos, sospechosa.

Lo que pareciera quedar ahora en evidencia no es una suma de errores, sino el resultado de una voluntad que, desde el inicio del segundo gobierno de Bachelet, respondió a una decisión política: abrir las puertas a la inmigración irregular, debilitar el imperio de las reglas y los requisitos, para acoger a personas que por diversas razones deseaban ingresar al país. “Migrar es un derecho”, se decía; un derecho que responde a un principio humanitario y que está, por tanto, por encima de la legalidad. Esa fue la premisa sociológica que empezó a validarse en ese periodo, la misma que hoy explica el limbo en que están estos niños haitianos y, también, el grave descontrol frente a la inmigración irregular en general, incluidas las redes continentales del crimen organizado.

Ha sido un patrón recurrente del buenismo político: creer que relajar los controles y la legalidad beneficia a los más vulnerables, cuando en verdad es exactamente al revés. La única manera de protegerlos es exigiendo que las normas sean cumplidas por todos, porque cuando se toma la decisión de abrir un forado en la ley, por ahí entran el delito y los “modelos de negocios”, que siempre encuentran la forma de sacar provecho de la ausencia de controles. En algún sentido, resulta irónico que quienes en una época exigían separar el lucro del derecho a la educación, hayan facilitado abrir las puertas al lucro en la migración entendida como un derecho sin limitaciones. Hoy las graves externalidades de la inmigración irregular no las vive ni la élite económica ni la clase política, es decir, donde cómodamente se ubican quienes fomentan estas decisiones. Son aquellos a quienes dicen querer protegerles sus derechos los que, al final, siempre pagan las consecuencias.

Por Max Colodro, filósofo y analista político