El proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social del gobierno inició este miércoles una nueva etapa de la tramitación legislativa.

Es que tras la algarabía por el triunfo anotado este martes en el Parlamento con la aprobación en el Senado del último artículo pendiente de la reforma clave del Presidente José Antonio Kast -que se selló con los abrazos de los ministros Jorge Quiroz (Hacienda), Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y José García Ruminot (Segpres) en la testera de la Cámara Alta-, el Ejecutivo ingresó en esta jornada los tres vetos presidenciales al proyecto, que habían sido anunciados previamente.

Dichas observaciones -bajo el concepto que utiliza la Constitución- apuntan a corregir o borrar normas que fueron incorporadas en la tramitación por la oposición y que no son del gusto de La Moneda.

Las mociones que el Ejecutivo busca objetar son: 1) el derecho al olvido financiero por deudas; 2) el impedimento de cobro de intereses sobre intereses (anatocismo); y 3) los ajustes para garantizar el pago a 30 días paras las pymes.

El gobierno justifica las observaciones bajo la advertencia de que las normas en cuestión podrían generar efectos negativos sobre el sistema financiero, el acceso al crédito y el funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Los vetos supresivos -destinados a eliminar parte del proyecto de ley- de la administración de Kast se discutirán la próxima semana en la Cámara de Diputados y el Senado.

Al respecto, la Carta Magna señala que las correcciones son sometidas a votaciones separadas en ambas cámaras. En primer lugar, la instancia que dio origen al texto se encarga de aprobar o rechazar las enmiendas y, posteriormente, la Cámara revisora resuelve, en caso de rechazo de alguna observación, si se insiste o no en la mantención de la parte que fue objeto de veto.

Debido a los quórums que se necesitan en el proceso, en principio, el camino aparece como favorable para las intenciones del gobierno.

Requerimientos de la oposición al TC

Con el pronóstico en contra que se avizoraba, hace dos semanas la oposición envió tres requerimientos al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar aspectos claves de la megarreforma. Los dos primeros de senadores y el tercero de diputados.

El primero apunta a que se declaren inconstitucionales los preceptos referidos a la invariabilidad de disposiciones tributarias por 10, 15 o 20 años, “por ser contrarios con el carácter de Chile como una república democrática, proclamado en el artículo 4° de la Carta Fundamental".

El segundo, en tanto, busca impugnar aquellos artículos que instauran un régimen especial de indemnización con cargo al Fisco por la anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

Mientras que el tercero apunta a que sea revisado el estatuto de invariabilidad tributaria.

Además, luego de aprobado el artículo de compensaciones municipales, los senadores de oposición, a petición de sus alcaldes, hicieron reserva de constitucionalidad.

Esto implicaría que las bancadas opositoras, de la Cámara o el Senado, podrían presentar un nuevo requerimiento al Tribunal Constitucional, aunque de todos modos esta norma debe ser revisada obligatoriamente por tratarse de un cambio a la Ley Orgánica sobre Municipalidades.