SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de los vientos que corren para concluir la tramitación del CPTPP o TPP11, como ex directora General Económica (Subrei) considero pertinente confirmar que este acuerdo es bueno para el país y para sus objetivos de desarrollo. Me tocó concluir este “nuevo” TPP11, que además de los beneficios existentes, se le incluyó explícitamente, como paraguas, los objetivos de sustentabilidad, inclusión y diversidad.

Sin embargo, en vez de entrar a detallar sus beneficios, que ya han sido extensamente informados, hagamos el ejercicio inverso. Detengámonos en aquellos elementos que generan legítimas dudas. Y acá acotamos la discusión a tres áreas: propiedad intelectual, inversiones y política industrial (medio ambiente ya pasó por el filtro y el consenso de ministros del área de todos los colores políticos que confirman que el acuerdo va en la línea de fortalecer nuestro compromiso con un planeta limpio y sustentable).

En la primera de las áreas, 11 de las 20 disposiciones suspendidas eran de propiedad intelectual, principalmente las relacionadas al precio de los medicamentos. Para ese caso, prima nuestra actual legislación. No se cambia ni una coma.

En el área de inversiones, el cuestionado mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado fue ciertamente mejorado respecto de los ya vigentes en Chile, rebalanceando los derechos del Estado versus los inversionistas. Aun así, todo sistema es perfectible, y es lo que están haciendo desde hace un tiempo varios países y organismos internacionales, como el CIADI, o la propuesta de una corte permanente de la UE, o actualizando los mecanismos vigentes. Y en esa línea, la estrategia del gobierno con las side letters(instrumento válido que permite bilateralmente acuerdos paralelos específicos) va en la dirección correcta, pues va de la mano con compromisos de mejorar aspectos específicos entre los firmantes, lo que permitirá una aprobación más consensuada en el Congreso.

Finalmente, respecto a la limitación de poder aplicar una política industrial, el acuerdo señala de manera expresa que los signatarios pueden establecer sus propias políticas públicas; esto, sumado a que Chile salvaguardó a través de varias excepciones y reservas estas facultades regulatorias en sectores estratégicos.

Así entonces, y en el contexto económico actual, no perdamos esta oportunidad de empujar un acuerdo que contribuirá a un desarrollo inclusivo y sustentable.

Paulina Nazal

Consultora Internacional