SEÑOR DIRECTOR:
En relación a la polémica en el sector eléctrico a propósito del proyecto de ley que extiende el subsidio eléctrico quiero señalar lo siguiente: En Chile, los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) pueden acogerse a un régimen especial de remuneración que buscaba estabilizar sus ingresos en el mercado energético, considerando que, por su tamaño, no competían en igualdad de condiciones en el mercado de contratos de suministro, especialmente con las distribuidoras. Sin embargo, este mecanismo ha estado bajo la lupa los últimos años. Diversos análisis sugieren que la metodología de cálculo del precio estabilizado no solo estabiliza, sino que incrementa indebidamente los ingresos de los PMGD. A mi juicio, ya existía a comienzos de año consenso suficiente para revisar este mecanismo y corregir esta distorsión.
Paralelamente, el gobierno este año comenzó la búsqueda de fondos para extender el subsidio eléctrico, y alcanzar cobertura del 40% del Registro Social de Hogares (4,7 millones de hogares). Ante la falta de espacio fiscal, la estrategia por la que optó el gobierno en el proyecto de ley es redirigir parte de los fondos del mecanismo de estabilización de precios a PMGD para financiar el subsidio. Parece razonable, ¿o no? El problema es que esta medida podrá resolver parcialmente el problema de dónde obtener los fondos, pero en lugar de corregir la distorsión del mercado y restaurar la confianza en el sector eléctrico, introduce una distorsión mayor. Esto, al permitir que el Estado determine cuándo los ingresos de un actor del mercado son excesivos, estime cuánto serían razonables, y redirija la diferencia al financiamiento de programas sociales, materializando un nuevo riesgo regulatorio. Es una solución a corto plazo, pero es un caso en que el remedio puede resultar peor que la enfermedad.
Daniel Olivares
Director del Centro de Transición Energética (CENTRA) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI
