SEÑOR DIRECTOR:

Reacciones inmediatas provocaron los dichos del Presidente Boric en el tercer aniversario del estallido social, donde reconoció que dentro del trabajo de control policial se produjeron abusos sexuales.

Lo ocurrido habría sido violencia política sexual (VPS), que es la ejercida por agentes del Estado contra la integridad física y sexual de mujeres y disidencias sexo genéricas con el objetivo de castigar, disciplinar, domesticar y devolver al orden hegemónico establecido. Esta definición se asimila mucho a la de tortura (Ley 20.968), con la particularidad de que la VPS, que no está tipificada como tal, se ejerce en el ámbito específico de la sexualidad de la víctima y es motivada por razones políticas.

El diputado republicano Luis Sánchez Ossa tildó estos hechos como un “invento”, debido a la falta de condenas para reconocer su existencia, siendo que a la fecha solo existirían denuncias y causas abiertas por VPS durante el estallido social (cerca de 300 casos según la Fiscalía Nacional).

Sin embargo, los dichos del Presidente Boric resultan responsables, pertinentes y necesarios para una sociedad fracturada, en la cual las víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales no han recibido verdad, justicia ni reparación.

Se esperaría que los órganos del sistema de justicia actuasen con mayor celeridad y oportunidad, sobre todo conociendo los antecedentes recientes que pesan sobre Chile en la materia. Lamentablemente, la realidad es otra. Recién en 2020, el juez Mario Carroza realizó el primer fallo con perspectiva de género por VPS durante la dictadura cívico militar.

Esperamos que las víctimas del estallido social no tengan que esperar otro medio siglo para que se haga justicia y este debate sirva para que se avance en la tipificación del delito.

Úrsula Eggers