Una acusación constitucional “breve, pero contundente” es la meta que se impuso la UDI, que, junto a los otros partidos de oposición, está trabajando un escrito en contra del exministro de Energía Diego Pardow (Frente Amplio).

A pesar de que el Presidente Gabriel Boric le pidió la renuncia al exsecretario de Estado, el texto busca imponer un castigo más severo (la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años) debido a que los errores en el cálculo de las cuentas electricidad habían sido detectados en octubre de 2024.

Ese antecedente fue expuesto por Transelec luego de la salida de Pardow y llevó a la UDI a reactivar su anuncio de un libelo acusatorio, que fue redactado por abogados de la bancada gremialista, en colaboración con el equipo de Renovación Nacional.

Sin embargo, la idea del libelo, que fue presentado esta tarde, surgió del abogado y exsubsecretario general de la Presidencia Máximo Pavez (UDI), quien ya acumula varios casos de fiscalización contra el oficialismo, que lo convierten en uno de los principales “azotes” del bloque opositor.

Ofensiva contra Allende

El principal golpe coordinado por Pavez fue la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional que derivó en la destitución de la exsenadora Isabel Allende (PS), a raíz de la fallida compraventa de la casa familiar, en la que vivió el fallecido Presidente Salvador Allende y que iba a ser adquirida por el Estado con fines patrimoniales.

Sin embargo, el escrito redactado por Pavez impugnó el hecho al hacer ver que una parlamentaria incurría en una causal de cesación del cargo al celebrar contratos con el Estado, argumento que pesó finalmente en el TC.

Este hito de Pavez fue destacado, incluso, por la candidata presidencial de Chile Vamos. “Max Pavez es uno de los abogados más brillantes que me ha tocado conocer. Él hizo un escrito de una seriedad y de una contundencia impresionante y también su alegato fue increíble", dijo Evelyn Matthei, el 3 abril, tras el fallo del Tribunal Constitucional que destituyó a la exsenadora Allende.

Abogado de la Universidad Católica, Pavez es parte del gremialismo desde su época estudiantil. Fue presidente del Centro de Alumnos de Derecho y secretario general de la Federación de Estudiantes (FEUC).

En su carrera política fue concejal en Conchalí y fue parte del equipo legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, desde donde asesoró a la bancada de diputados de la UDI.

En 2010 fue jefe de gabinete del entonces diputado José Antonio Kast.

En el primer gobierno de Sebastián Piñera, además, fue asesor legislativo del Ministerio de Salud y de la Segegob, y luego en la segunda administración del fallecido expresidente fue subsecretario general de la Presidencia.

En el segundo proceso constituyente fue escogido como integrante de la Comisión de Expertos.

Hoy es profesor de Derecho Constitucional de la UC y también dicta clases en la Escuela de Gobierno en la misma casa de estudios. Desde el 2011 combina la política y la academia.

Autor intelectual de ofensivas

Además de la presentación con la exsenadora, Pavez también redactó la acusación contra su sobrina, la exministra de Defensa Maya Fernández (PS), debido a la misma infracción por la fallida compraventa de la casa familiar. Si bien el libelo fue rechazado, el gobierno se anticipó y le pidió la renuncia a la exsecretaria de Estado, minutos antes de que ingresara el escrito.

A inicios del gobierno de Boric también colaboró en la acusación contra la exministra de Justicia Marcela Ríos (Frente Amplio), quien presentó su renuncia por su responsabilidad en las desprolijidades reconocidas por La Moneda en los 13 indultos concedidos por el Presidente a fines de 2023. Este libelo, en todo caso, igualmente se rechazó, ya que la bancada republicana consideró que la exministra ya había asumido su responsabilidad política.

Pavez fue además el autor intelectual de la arista de la Segpres en el caso Convenios, debido a los traspasos irregulares de dineros públicos a fundaciones ligadas a militantes de partidos políticos. Su tesis -que la expuso ante la comisión investigadora de la Cámara- se basaba en las fallas de control de la Secretaría General de la Presidencia, que entonces lideraba Giorgio Jackson (Frente Amplio).

Además, asesoró en 2022 al diputado Jorge Alessandri (UDI) en la interpelación contra el entonces ministro de Educación Marco Antonio Ávila (Frente Amplio).

En una de sus últimas actuaciones coordinó el requerimiento contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego. De hecho, fue designado por Chile Vamos y el Partido Republicano para los alegatos.

Tras la polémica por los errores en las cuentas de luz, fue clave en convencer a la UDI, en especial al secretario general de la colectividad, el diputado Juan Antonio Coloma, para que salieran rápidamente a anunciar la acusación.

No obstante, en su partido señalan que no siempre ha sido factor detonante de ofensivas, también ha sido decisivo a la hora de bajar acciones, por ejemplo, ante la amenaza de una acusación en contra del exministro de Hacienda Mario Marcel. Este posible libelo, que finalmente no se materializó, se levantó a inicios de año, a raíz del traspaso US$ 3.500 millones de Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al erario nacional.