La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), en adición a otros parlamentarios de diferentes partidos, propusieron una iniciativa para ofrecer recompensas a cambio de información que permita desarticular el crimen organizado.

Con nueve firmantes, esta idea apunta a autorizar al Presidente de la República a establecer un sistema de recompensas, dirigido a quienes entreguen antecedentes útiles y verificables para investigar, perseguir y sancionar a los grupos delictuales.

Esto, con el fin de que la información contribuya a identificar integrantes de las organizaciones criminales, llegar a incautar armas e instrumentos empleados para la comisión de delitos, desbaratar las redes de financiamiento y capturar prófugos.

“Queremos un Estado más fuerte frente al crimen organizado, con mejores instrumentos para capturar prófugos, desbaratar bandas criminales y devolver la tranquilidad a las familias. La seguridad debe seguir siendo la primera prioridad del país”, afirmó Diego Schalper, diputado y jefe de bancada de RN.

El proyecto busca fortalecer la colaboración ciudadana mediante ese mecanismo excepcional, con recompensas que podrán otorgarse únicamente a través de un decreto supremo fundado del mandatario. En todo caso, sería solo respecto a datos emitidos de forma voluntaria, sustancial y comprobable, que sean útiles para el desarrollo de la investigación y previamente desconocidos por las policías y el Ministerio Público.

Además de llevar las firmas de los parlamentarios de RN Schalper, Francisco Orrego, Mauro González, Ximena Ossandón y Juan Carlos Beltrán, se incorporaron a la iniciativa los diputados Raúl Leiva del Partido Socialista, Cristián Araya del Partido Republicano, Gloria Naveillán del Partido Nacional Libertario y Enrique Basaletti, con escaño de Republicanos.

Orrego, integrante de la comisión de Constitución, señaló que la propuesta “sería una nueva herramienta importante que hoy no existe, porque al crimen organizado lo vamos a derrotar utilizando todas las facultades del Estado, y la colaboración ciudadana con las debidas garantías de seguridad puede ser una pieza clave para recuperar nuestra seguridad y tranquilidad”.

En el documento que presenta la idea, detallaron que “la experiencia internacional muestra que estos mecanismos no sustituyen la investigación penal ni las facultades del Ministerio Público o de las policías, sino que las complementan”.

En esta línea, ejemplificaron con los programas de recompensas utilizados por Estados Unidos, vinculados al terrorismo, crimen organizado transnacional y narcotráfico, donde se ofrecen sumas de dinero a quienes entreguen datos que permitan la captura, condena o desarticulación de individuos y organizaciones criminales altamente peligrosas.

Su par, el diputado e integrante de la comisión de Seguridad, Mauro González, sostuvo que el diseño “entrega una herramienta adicional para facilitar investigaciones altamente complejas. Estamos proponiendo un mecanismo serio y responsable. Solo podrán acceder a una recompensa quienes entreguen antecedentes voluntarios, verificables y desconocidos por las autoridades, con protección de identidad y sanciones para quienes intenten engañar al sistema. Es una fórmula que ya ha demostrado resultados en otros países y que puede marcar una diferencia en la lucha contra el crimen organizado en Chile.”

El mecanismo sugerido por los diputados incorpora algunos resguardos para evitar abusos, como la protección de la identidad y seguridad del informante y su grupo familiar cuando corresponda.

El proyecto también contempla sanciones para quienes entreguen antecedentes falsos con el fin de obtener recompensas. Asimismo, excluye del beneficio a funcionarios públicos que conozcan la información a raíz de su cargo, a las personas obligadas legalmente a denunciar, a querellantes, víctimas, imputados o participantes en los hechos investigados.