Cancillería califica de “inaceptables” dichos de Petro sobre situación judicial de Jadue y envía nota de protesta a Colombia

“Entregamos nota de protesta a encargada de Negocios de Colombia en Chile ante los dichos del Presidente Gustavo Petro. Se trata de declaraciones inaceptables e imprudentes, que desconocen la trayectoria democrática de nuestro país, así como la existencia de un Estado de Derecho”.

Con esas palabras, a través de su cuenta de X, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, anunció el envío de una nota de protesta a Colombia. Esto después de las declaraciones que durante este lunes compartió en sus redes sociales el presidente de ese país, Gustavo Petro, quien pidió la libertad del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva en el marco de la investigación por el caso Farmacias Populares.

“Yo pido la libertad de Gabriel (sic) Jadue en Chile. Preso por la jurisprudencia de Pinochet impuesta a los seres libres”, criticó en su cuenta de X el mandatario colombiano, quien además confundió el nombre del también excandidato presidencial.

La publicación iba acompañada de un video de la expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, también en respaldo del jefe municipal. “Hoy va a ser un mes del encarcelamiento de un actor político al que nosotras y nosotros respetamos mucho desde la izquierda, que es Daniel Jadue, el alcalde comunista palestino de Recoleta en Chile”, partió señalando la exautoridad ecuatoriana.

Y agregó que “¿saben por qué está preso? No por corrupto, no, él está preso porque impulsó desde la alcaldía comunista un modelo comunista, trayendo además las palabras de Allende que, al pueblo, lo mejor”.

En ese contexto, la publicación generó rápidamente la reacción de La Moneda.

Al ser consultada por las declaraciones del Jefe de Estado colombiano, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, señaló que “nuestro país tiene un Estado de derecho, tiene separación de poderes, y si hay cambios que requiere hacer nuestro sistema político frente al Estado de derecho, lo determinamos nosotros y no autoridades de otros países”. En esa línea, aseguró que “Cancillería siempre evalúa las distintas herramientas que tiene a disposición”.

Y agregó que “el Ejecutivo no puede estar opinando ni menos interviniendo sobre procesos judiciales que están en curso, ya sea para la comuna de Recoleta o para otro caso. Tal como determina la ley, después de los 45 días por razones de fuerza mayor, el alcalde o la alcaldesa que no puede ejercer sus funciones, lo que está determinado por la ley es un procedimiento para establecer la suplencia definitiva después de una subrogancia transitoria. Eso está normado en nuestro país y es lo que sucede en el marco de un Estado de derecho”.

Lo cierto es que las críticas por la prisión preventiva del jefe municipal comunista no solo vienen desde afuera. De hecho, durante los tres días de formalización algunos líderes del PC, como el presidente del partido, Lautaro Carmona, y el miembro de la comisión política de la colectividad, Juan Andrés Lagos, se hicieron presentes en las protestas a las puertas de tribunales. Al mismo tiempo, algunos diputados de la tienda acusaron una “persecución” por parte de la justicia.

“Un despropósito absoluto decretar prisión preventiva para Jadue. La persecución política y el acoso son evidentes”, dijo la diputada Carmen Hertz. Mientras que su par, Lorena Pizarro, aseguró que “se desata una persecución política que viene hace bastante rato, particularmente orquestada desde la extrema derecha. Su objetivo tiene que ver fundamentalmente con detener lo que significa la obra que ha desarrollado Daniel Jadue en Recoleta”.

Pese a que La Moneda tomó distancia de los dichos de Petro, en el PC hubo voces que lo respaldaron. La diputada Hertz, de hecho, compartió las declaraciones del mandatario colombiano en sus redes sociales.

En todo caso, esta no es primera vez que el gobierno del Presidente Gabriel Boric envía notas de protesta. Ya lo había hecho con Argentina y Venezuela. En el caso del país trasandino se dio en abril de este año después de las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien afirmó que el grupo terrorista Hezbollah ha tenido presencia en Chile.

A Venezuela, por su parte, se le envió a principios de junio después de que el fiscal general de ese país, Tarek William Saab, asegurara que el homicidio y secuestro del exmilitar y disidente del gobierno de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda Moreno, pudo ser ejecutado por “cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros” como una “operación de falsa bandera”.