Esta mañana, y en nombre de la bancada de senadores PS, los parlamentarios Juan Luis Castro -integrante de la Comisión de Salud- y Alfonso de Urresti -de la Comisión de Constitución- se reunieron con la fiscal adjunta jefe, Lorena Parra, quien encabeza el denominado caso Licencias, para así conocer las acciones y el avance de la investigación frente a los eventuales delitos cometidos.

Al respecto, tras la reunión, el senador Castro dio a conocer que la fiscal "comunicó toda la voluntad y energía para llegar hasta el último caso, ya sea de funcionarios públicos que salieron del país, de médicos emisores y de otros casos en los cuales, por ejemplo, hay fraude a la subvención o hay emisión falsa de licencia médica”.

Asimismo, detalló que en el caso de los cerca de 300 médicos que la Compin ha entrado al Ministerio Público, “van a ser un foco principal de atención”. Esto, ya que esos casos “vienen de antes, no están asociados al reporte de la Contraloría”.

Junto con esto, indicó que también le consultaron a la fiscal qué va a pasar con esos 25.000 funcionarios públicos de aquí a fines de junio, que es el plazo para que entreguen los sumarios.

“Nos ha dicho que el deber de denunciar es una obligación de parte de un jefe de servicio, de un alcalde, de un ministerio, y, por lo tanto, deben llegar aquí las denuncias de aquellos que engañosamente usaron una licencia falsa o emitieron una licencia falsa", afirmó.

“Así que aquí no se escapan ni justos ni pecadores de una mano judicial que tiene que llegar hasta el final”, afirmó. “Eso es lo que hemos recogido con el senador Urresti, como la voluntad completa de la fiscalía de Lorena Parra”.

“Yo creo que en el corto plazo tiene que haber drásticas sanciones”

Es decir, apuntó, “aquí va a haber mucho que decir en el próximo mes de junio una vez concluidos los sumarios de los municipios o del Estado”.

Por otra parte, y consultado sobre si se va a perseguir al total de casos o solo a los más recurrentes, considerando el volumen de personas involucradas, el senador De Urresti explicó que desde el punto de vista administrativo, la responsabilidad “es individual, también penal, y se tiene que investigar cada uno”.

"Obviamente va a haber situaciones de criterio, criterios de reiteración, criterios de magnitud, criterios de jefatura", apuntó. “También es distinto el servicio dentro del cual se ha utilizado, y claramente a propósito del sumario y de la propia investigación penal nos encontraremos ante situaciones reiteradas, prolongadas, ante jefaturas o funciones críticas que se estén haciendo”.

“Confiamos en esos criterio, quedamos muy contentos (con la reunión). La fiscal regional tiene una amplia experiencia en el caso anterior que es el fraude de Fonasa (...) tiene el conocimiento y pudimos aportar elementos que nosotros ya hemos ido recopilando, tanto del Compin como de la Suseso y de algunos otros servicios”.

Acá lo relevante, indicó De Urresti, es que no por abarcar un amplio espectro no se haga nada.

“Yo creo que en el corto plazo tiene que haber drásticas sanciones y también espero que en los distintos servicios -y seguiremos revisando- se ejerza también la responsabilidad primero política, también sobre quienes no hicieron el trabajo, o sobre aquellas personas que siendo de confianza del Ejecutivo incurrieron en este tipo de situaciones. Y por otro lado, también es importante seguir cruzando información de aquellos servicios que no estaban sujetos a la fiscalización de Contraloría, pero que son importantes”.

“Vemos una fiscal que está a cargo, con experiencia, y ahora lo importante es avanzar y sancionar lo antes posible”, añadió.