Una nueva polémica con los embajadores de Chile ha tenido al gobierno del Presidente Gabriel Boric dando explicaciones en los últimos días.

Se trata de Manahi Pakarati, representante del Ejecutivo en Nueva Zelanda, quien la semana pasada, a través de redes sociales, promovió la “libre determinación de la nación rapanui”.

La controversia terminó por colmar la paciencia de la bancada UDI que en octubre de 2022 presentó una reforma a la Carta Fundamental para habilitar la acusación constitucional a los embajadores, la que sin embargo permanece inactiva en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

Es así como mediante una carta dirigida a la presidenta de esa comisión, Javiera Morales (FA), los gremialistas solicitaron iniciar la tramitación de la reforma.

Repasando el episodio de la representante en Nueva Zelanda, en la misiva sostienen que Pakarati concedió una entrevista “sin la autorización de Cancillería, en la que también abordó el asunto”.

“En ese sentido, si bien desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que la embajadora fue reprendida por sus acciones, hasta el momento no se ha confirmado ninguna sanción contra ella, lo que da cuenta de la actitud pasiva y complaciente del actual Gobierno”, añaden a continuación.

En ese contexto, la UDI espera que “durante las próximas semanas” la comisión de Constitución comience a discutir el proyecto de reforma constitucional.

“Los embajadores desempeñan una labor primordial en la política exterior de nuestro país, detentando la representación diplomática de Chile ante otros Estados que se encuentran insertos en el sistema internacional, por lo que resulta de toda lógica que exista un mecanismo -dentro de las herramientas que otorga nuestro Estado de Derecho- que permita iniciar un procedimiento para juzgar política y jurídicamente las eventuales infracciones que cometan”, argumentan en su solicitud.

Consultada la diputada Morales, asegura que si bien siempre va a estar disponible para tramitar los proyectos que lleguen a la instancia, añadió que en el espacio que preside “hay que ser responsables y ordenar las prioridades”.

Hoy tenemos sobre la mesa proyectos urgentes, como el que saca a Gendarmería del Ministerio de Justicia y lo dejarlo bajo el cargo del Ministerio de Seguridad Pública, que impactan directamente en la seguridad del país", sostuvo la diputada.

Embajadores polémicos

Este antecedente se suma al de Javier Velasco, embajador de Chile en España que ha sumado, al menos, tres hechos polémicos durante su gestión.

Una de ellas por haber señalado que las políticas de los gobiernos democráticos “profundizaron la desigualdad” en los últimos 30 años. Esa frase generó molestia en el PS y PPD y motivó una respuesta del expresidente Ricardo Lagos, ya que los datos muestran que la desigualdad disminuyó durante los gobiernos de la Concertación.

Los otros dos episodios corresponden a fotografías subidas a redes sociales en la que muestra una cena con langostas y otra en la que aparece a bordo de un automóvil oficial con las piernas de su pareja apoyadas en su regazo.

La exrepresentante de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, fue otra personera que sacó ronchas en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Herrera fue removida de su cargo luego de que La Tercera diera a conocer que la entonces embajadora había gestionado ante el Gobierno Regional del Biobío un proyecto de US$ 5 millones por parte de una fundación del Rey Carlos III y que se implementaría en la localidad de Santa Juana, después de los incendios que afectaron la zona. La gestión de la arquitecta de profesión no había sido comunicada a Cancillería, lo que derivó en una mediática salida.

A raíz de aquello la exrepresentante del Estado chileno en el Reino Unido presentó una demanda en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores por tutela laboral, solicitando una indemnización de $190 millones y disculpas públicas de parte de Cancillería. En su acción laboral además pide que las disculpas sean notificadas a la monarquía británica.

El rol del Congreso

Si bien en la tradición constitucional chilena, las acusaciones contra embajadores no figuraban en la Carta de 1833 ni en la de 1925, el Congreso sí intervenía en su designación.

En la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, que presidió el exministro Enrique Ortúzar y que redactó el texto de 1980, el tema fue parte de las deliberaciones. Incluso, el exsenador DC Juan de Dios Carmona propuso que todas las autoridades que requerían del acuerdo del Congreso (entre ellas los embajadores, al menos hasta 1973) pudieran ser acusados.

Sin embargo, la idea no prosperó y los agentes diplomáticos no solo quedaron eximidos de posibles libelos, también quedaron liberados de la opinión del Senado en su nominación.

En otros países, las acusaciones o impeachments pueden ser dirigidas en contra de varios servidores públicos. De hecho, la Constitución norteamericana señala que “el Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles (all civil officers) de los Estados Unidos” están sujetos a un juicio ante el Congreso.