Tal como había comprometido, el exministro de Energía Diego Pardow llegó al Congreso este lunes para exponer ante la comisión revisora de la acusación constitucional que se presentó en su contra en la Cámara de Diputados.

La sesión presencial se fijó a partir de las 16.00 horas en la sala 310 del tercer nivel del Congreso, en Valparaíso. Sin embargo, ante la ausencia de la mayor parte de los integrantes de la instancia la sesión debió postergarse para este martes.

Los integrantes de la comisión son Carmen Hertz (PC), Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN), Jaime Mulet (FRVS) y Ericka Ñanco (FA).

Mulet, que preside la comisión, informó que solo llegaron él y Bobadilla. Hertz había adelantado que no asistiría por un asunto médico, mientras Ñanco y González se excusaron por inconvenientes con sus vuelos tras la jornada de votación en sus distritos.

“Los problemas en los vuelos son situaciones complejas. Hay una huelga en una línea aérea, entiendo que ha generado bastantes dificultades. Ahora yo no he investigado a fondo qué pasó con cada uno de los aviones”, dijo.

Así, la instancia, que pretendía votar su informe este lunes, quedó citada para este martes desde las 10.30 horas.

Mulet también informó que las empresas eléctricas invitadas a exponer adelantaron que no se presentarán.

La comisión está encargada de informar la procedencia del libelo que apunta a la responsabilidad del militante frenteamplista en el error de cálculo en las tarifas eléctricas.

En sus 40 páginas, la acusación responsabiliza al exministro de infracción del deber de probidad administrativa en dos hechos.

La acusación cuestiona el manejo de Pardow ante el error en el cálculo de las tarifas eléctricas que significó un cobro adicional a los consumidores de US$ 115 millones.

El abogado Francisco Cox, representante de Diego Pardow ante la acción promovida por la oposición, ha hecho hincapié en que los ministros de Energía no tienen las facultades técnicas ni legales para modificar el cálculo tarifario que realiza la Comisión Nacional de Energía.

En caso de aprobarse en el Senado, el militante del Frente Amplio quedaría inhabilitado para ejercer funciones públicas por cinco años.