Hasta la comisión de Constitución del Senado, en la sede del Congreso en Santiago, llegaron esta mañana unas de las máximas autoridades del Poder Legislativo: el secretario general de la Cámara Alta, Luis Rojas, y su par de la otra corporación, Miguel Landeros.

El objetivo de la concurrencia de ambos a este espacio era para que se refirieran al proyecto de ley, impulsado por la mesa del Senado, que busca establecer controles para detectar el consumo de estupefacientes o sustancias sicotrópicas al interior de esta rama del Congreso.

Sin embargo, la discusión giró rápidamente al proyecto de ley de reforma constitucional que presentó el gobierno del Presidente José Antonio Kast, y que busca cesar del cargo a aquellas autoridades del Estado que se les detecte algún consumo de drogas.

La conversación sobre la iniciativa gubernamental -que fue ingresada la semana pasada por la Cámara de Diputados- se dio a raíz de una consulta que hizo la senadora Claudia Pascual (PC) a ambas autoridades del Poder Legislativo.

Ambos le bajaron el pulgar, ya sea por calificarlo de “insuficiente”, en el caso de Landeros, o porque la sanción de perder el cargo podría ser “un poco dura”, como dijo Rojas.

En su intervención, Landeros afirmó que “siempre cuando el gobierno hace reformas constitucionales que involucra a los parlamentarios tiende a pensar que son todos iguales, es como si el Congreso fuera una apéndice del gobierno y en La Moneda -en todas, esta no es la excepción- no recuerdo en que el estatuto parlamentario esté en la Constitución, no en la ley”.

A renglón seguido, el secretario de la Cámara explicó que “no es lo mismo que yo establezca la cesación del cargo de un diputado o de un senador cuando lo pongo en la ley. Hay muchas obligaciones legales de los parlamentarios y que la verdad, en estricto rigor, cuando llegue el minuto de poder hacer efectiva la responsabilidad no vamos a poder porque el estatuto parlamentario está en la constitución, las causales de cesación del cargo está en la Constitución”.

“Mi primera reflexión sobre la reforma es que es insuficiente respecto de los parlamentarios porque si quieren cesar a un diputado por esto tiene que estar en las causales de cesación”, remató Landeros. Además, hizo la prevención de que la publicidad de los resultados de los exámenes están prohibidos por dos leyes: la de protección al paciente y la de datos personales.

A su turno, Rojas aseguró que si bien un examen toxicológico o de pelo puede acreditar la presencia de una sustancia dentro de una ventana de tiempo, afirmó que “el resultado positivo no equivale jurídicamente ni clínicamente a acreditar dependencia o adicción”.

“¿Queremos que el senador o cualquiera de los involucrados en la reforma constitucional pierda el cargo por haber resultado positivo por un eventual consumo temporal o que pierda el cargo alguien que tenga dependencia o adicción?“, planteó el secretario del Senado.

Y añadió: “A priori, por una muestra positiva, inicialmente parece un poco duro”.

La reforma de Kast

El proyecto en cuestión plantea que las autoridades mencionadas, al asumir en su cargo y de forma periódica, deberán someterse a exámenes “destinados a detectar la presencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas”.

Las autoridades, de acuerdo al proyecto, son desde el Presidente de la República hacia abajo, pasando por ministros de Estado, subsecretarios, diputados, senadores, seremis, cores, alcaldes, concejales, jefes de servicios, gobernadores regionales, magistrados de los tribunales superiores de justicia, el fiscal nacional, fiscales regionales, el contralor general de la República; los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea; el general director de Carabineros; su par de la Policía de Investigaciones; y el de Gendarmería.

“La detección de las referidas sustancias constituirá causal de cesación en el cargo, salvo que su consumo se encuentre justificado por un tratamiento médico debidamente acreditado”, señala más adelante.