Desde practicantes y colaboradores externos; hasta los diputados, incluyendo a quien ejerza como presidente de la corporación, estarán obligados a transparentar el uso de Inteligencia Artificial en cada contenido o documento del trabajo legislativo.

“La Cámara de Diputadas y Diputados, en ejercicio de su autonomía constitucional y legal, conforme a los principios de probidad, transparencia, responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales que rigen la función pública, aprueba el presente Protocolo para el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), aplicable a diputadas y diputados, autoridades superiores, funcionarias y funcionarios, asesoras y asesores parlamentarios, personal a honorarios, practicantes, colaboradores externos que operen sobre infraestructura, información o procesos institucionales”, dice el texto aprobado por los comités la semana pasada y que comenzará a tener aplicación desde septiembre.

“Protocolo institucional para el uso de la Inteligencia Artificial”, se denomina el texto, que establece un sistema colores para identificar y regular el grado de uso de estas herramientas —en particular sistemas de IA generativa— en la elaboración de informes, minutas, borradores, presentaciones, análisis, traducciones, resúmenes, comunicaciones “y cualquier otro contenido producido en el ámbito de la Cámara, cualquiera sea su soporte o formato”.

Con esa redacción -inspirada en una guía del parlamento europeo- se incluye el deber de transparentar todo uso de IA, especialmente en temas más sensibles como acusaciones constitucionales, proyectos de ley o requerimientos al Tribunal Constitucional.

Colores

“Todo documento elaborado para fines institucionales deberá declarar el nivel de uso de IA mediante uno de los siguientes sellos incorporados en el documento o en su metadata”, explica el protocolo.

Verde significa ”sin utilización de inteligencia artificial".

Amarillo equivale a “uso parcial de inteligencia artificial”.

Rojo indica un “uso predominante o completo de inteligencia artificial”.

Azul es el “uso automatizado sin intervención humana”.

El manual de la Cámara añade que “en caso de duda”, el usuario deberá optar siempre “por el nivel superior”. Por ejemplo, ante el dilema si es un sello amarillo o rojo, debe ponerse el distintivo rojo.

Además, el texto obliga a hacer una “declaración de frecuencia habitual”.

“Quienes utilicen IA deberán declarar su frecuencia habitual de uso con fines de transparencia, capacitación, control preventivo y gestión de riesgos”, dice.

Para ello, se proponen cuatro categorías: “a) ocasional esporádico puntual, no altera el flujo regular; b) frecuente, recurrente, pero no estructural en tareas específicas; c) sistemático, planificado y estable, presente en varias etapas del ciclo de trabajo, exige procedimientos claros de revisión y control; d) intensivo o estructural, elemento central del modelo de trabajo, exige control reforzado y directrices específicas”.

Responsabilidad humana

Esta declaración por sí sola no constituye infracción administrativa, según el documento. Sin embargo, el protocolo fija varios principios, no solo de transparencia para dar trazabilidad al uso de herramientas artificiales, entre ellos el de la “responsabilidad humana indelegable”.

“Toda decisión, documento o actuación institucional debe contar con un responsable humano claramente identificable. La IA apoya, pero nunca reemplaza, la responsabilidad personal, el juicio profesional y la rendición democrática de cuentas”, añade.

Dentro de los usos prohibidos, los parlamentarios, su personal o los funcionarios no podrán elaborar resoluciones administrativas, disciplinarias o sancionatorias con IA sin revisión jurídica calificada; sustituir evaluaciones jurídicas o técnicas exigidas por normativa; ingresar información reservada, protegida o datos personales en modelos no autorizados; eludir controles, procedimientos o responsabilidades institucionales; producir contenido engañoso, deepfakes o material político-institucional manipulado; y conectar herramientas externas no autorizadas

No obstante, se permite usar la IA como apoyo para: sistematización de antecedentes; comparación normativa; resúmenes no vinculantes; borradores preliminares no decisorios; traducciones y estructuración de textos, siempre bajo verificación humana.

Dentro de los principios también se señala la “protección de información y datos”, lo que contempla “la confidencialidad, reserva legal, protección de datos personales y sensibles”.

En caso de incumplimiento de este instructivo, “corresponderá al órgano interno pertinente sancionar la falta de transparencia o probidad”, lo que implica la intervención de la Comisión de Ética de la Cámara, cuando hay situaciones que involucren a diputados.