La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado sesionó la mañana de este martes para iniciar el estudio en general del proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales.

El proyecto se presentó en octubre de 2024 respondiendo a la crisis generada a partir del caso Audio y otras investigaciones a jueces que generaron la salida de dos ministros de la Corte Suprema: Sergio Muñoz y Ángela Vivanco.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, expuso en la sesión, destacando que la iniciativa busca avanzar en transparencia y confianza en los procesos de nombramiento.

“Tanto el año pasado como este se han entregado distintos estudios en los que lamentablemente la confianza ciudadana con el Poder Judicial y el sistema de justicia está en los índices más bajos desde que se ha medido esto que es a comienzos de los noventas, lo que obviamente nos tiene que preocupar ya que el Poder Judicial y el sistema de justicia son pilares de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia”, manifestó.

El proyecto crea un Consejo de Nombramientos Judiciales, como un órgano autónomo constitucional que prepararía ternas jerarquizadas como resultado de procesos de carácter técnico y profesional, basándose en el mérito de los candidatos y mediante mecanismos de oposición efectiva.

“El objetivo de este consejo de nombramiento es precisamente realizar ternas jerarquizadas, es decir, ternas que tengan un orden de prelación en razón de los puntajes que obtuvieron los candidatos, los candidatos que se presentaron a los concursos respectivos”, apuntó el titular de justicia.

Al ahondar en los fundamentos del proyecto, la autoridad de gobierno explicó que la reforma “busca solo enfocarse en los aspectos de nombramiento y gobierno judicial”.

“La reforma que se presenta es una reforma que no busca alterar ni el sistema de gobierno ni las atribuciones de los órganos ni por cierto que tenga impactos cruzados en otros aspectos de la Constitución”, puntualizó el secretario de Estado, comentando que se trata de “una reforma, en ese sentido, minimalista”.

De esta forma, planteó el secretario de Estado, la iniciativa busca separar las funciones administrativas y jurisdiccionales de las que hoy es responsable la Corte Suprema en dos órganos autónomos diferentes y generar procedimientos para que los nombramientos de jueces consideren siempre la concursabilidad y la oposición competitiva.

“Hoy no existe un mecanismo que permita evaluar precisamente el mérito y las capacidades de cada candidato. Y fijar criterios estrictos para el desempeño en el sistema judicial, regulando la gestión de los conflictos de interés y reduciendo la opacidad y los riesgos de corrupción”, comentó.

Gajardo tomó de referencia los cambios que impulsó en su país el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

“Siempre hay sistemas distintos. Sobre todo lo vemos en razón de lo que está pasando en México con una reforma que se aprobó al sistema judicial, pero podríamos decir eso está precisamente en los extremos a los que no queremos ir. Pero hay un consenso de que cualquier modificación, o mejor dicho, cualquier sistema de nombramientos y de gobierno judicial tiene que escapar de dos polos. Tiene que escapar de la politización extrema y tiene que escapar del corporativismo", argumentó.