Gobierno responde a carta de alcaldes por seguridad: “Tiene un objetivo político”

El subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli y la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez.

La subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, "pidió" a los 11 jefes comunales de la Región Metropolitana que firmaron la misiva "que sus críticas, sus cuestionamientos, sean con apego a la verdad y al trabajo colaborativo y coordinado que hemos realizado como gobierno con los alcaldes de todo el país”. Por su parte, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, cuestionó también a las autoridades municipales.




Este martes la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, se refirió a la carta que entregaron -el lunes- 11 alcaldes de la Región Metropolitana al gobierno, en la que hacían una serie de demandas en materia de seguridad para sus comunas. En la misiva, los jefes comunales de Santiago, Lo Espejo, Peñalolén, San Miguel, Quilicura, Quinta Normal, Renca, Independencia, San Joaquín, Macul, Pirque, además de la directora de Seguridad de Estación Central, emplazaban al Ejecutivo a tomar medidas urgentes al respecto.

Durante la jornada del lunes, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, comunicó: “Tenemos una tremenda preocupación por la situación de inseguridad de nuestro país ante el fracaso de la política de Sebastián Piñera y su gobierno. Hemos visto estas últimas semanas situaciones de tremenda gravedad que nos duelen profundamente como país, y que necesitan de acciones inmediatas del gobierno”.

También se refirió a los homicidios que marcaron el fin de semana pasado: “Sólo en este fin de semana ha habido seis homicidios en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, y esto no puede continuar así, esta situación de inseguridad no se puede naturalizar en Chile”.

Frente a las críticas del grupo de alcaldes, la subsecretaria Gómez dijo que “esta carta tiene un objetivo político, ese objetivo político busca generar una sensación, una percepción de lo que se ha realizado en materia de seguridad en estos cuatros años de cara al cambio de gobierno que tendremos en pocos meses más”. También solicitó “a los alcaldes que sus críticas, que sus cuestionamientos sean con apego a la verdad y al trabajo colaborativo y coordinado que hemos realizado como gobierno con los alcaldes de todo el país”.

“Ellos (alcaldes) reclaman que no han sido parte de las estrategias de prevención en materia de seguridad. Yo quiero señalar que hoy día probablemente la principal herramienta en materia estratégica para enfrentar la delincuencia es el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP), que hoy en día es Ley de la República, que establece la obligatoriedad de los alcaldes -o quienes ellos designen en su representación- de asistir a estas reuniones mensuales que son muy importantes”, señaló Gómez, agregando “hay varios de los alcaldes que firmaron esta carta, que están reclamando por la falta de participación en las estrategias delictuales que no han ido a ninguna reunión de STOP o han ido solamente a alguna. Además, quiero señalar que el trabajo preventivo que realizábamos con los alcaldes como gobierno, como ministerio y como subsecretaría es permanente”.

Por su parte, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, también cuestionó a los jefes comunales. “No puede ser que aquí haya autoridades que puedan pasar una mañana yendo a dejar una carta al palacio de La Moneda pero no puedan tomarse el tiempo de participar en reuniones o sean tolerantes, por ejemplo, con el comercio ilegal que contribuye a la sensación de inseguridad, o incluso algunos de ellos impulsen el indulto que declara impunes delitos que afectan la sensación de seguridad de la ciudadanía”, señaló.

Sobre la actual discusión del denominado proyecto de indulto para presos del estallido social -que se encuentra en la comisión de Constitución de la Cámara Alta-, el subsecretario del Interior añadió que “tenemos que resolver prontamente esta discusión y en eso concuerdo con el presidente electo (Gabriel Boric), que el Senado y todas las fuerzas políticas tienen que ser claras frente a la ciudadanía en resolver este asunto y finalmente votar favorablemente o desfavorablemente a un proyecto de ley”.

Según Galli, la Corte Suprema calificó este proyecto como perjudicial y además “deja en la indefensión a las víctimas de estos delitos que no van a poder conocer la verdad de quienes les causó el daño y tampoco van a poder buscar reparación por ese daño, porque no va a existir justicia respecto de ellos”.

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