Gobierno se abre a modificar proyecto de transparencia tras reparos de la oposición

Hasta La Moneda llegaron el lunes, cerca de las 13.00, diputados de la Comisión de Constitución para reunirse con el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, quien solicitó la cita para abordar el proyecto que modifica la actual Ley de Transparencia.

La iniciativa -que es impulsada por el Ejecutivo y cuya idea de legislar se vota hoy en primer trámite- no convence a la centroizquierda, principalmente por dos aspectos: cómo se profundiza la transparencia en los organismos con autonomía constitucional que se incluyeron en el proyecto (Congreso, TC y Ministerio Público, entre otros), y la Comisión de Transparencia que crea la normativa. Eso último debilita, a juicio de algunos sectores de la oposición, el rol del Consejo para la Transparencia (CPLT).

"Este proyecto persigue un fin loable, que es incorporar a esos organismos a este principio. Sin embargo, el camino que eligió el gobierno, a mi juicio y al de muchos expertos, incluso de derecha, es un verdadero retroceso", señaló el diputado Leonardo Soto (PS), mientras que su par Matías Walker (DC) sostuvo que "crear una suerte de comisión paralela al CPLT es un retroceso, que la plataforma de información la lleve la Segpres atenta contra la autonomía del consejo".

Bajo este escenario, Blumel se abrió a perfeccionar la iniciativa. Así, acordó con parlamentarios de oposición y de oficialismo crear una mesa técnica de trabajo para llegar a un acuerdo y, posteriormente, enviar indicaciones al proyecto.

"El ministro entendió que no hay camino alternativo y dijo que este proyecto iba a ser reformulado en el debate de la Comisión de Constitución, siguiendo el esquema que fortalece al CPLT", añadió Soto, mientras que el titular de la Segpres dijo que quedaron en "incorporar a un grupo de asesores con el objetivo de agilizar la tramitación del proyecto".

En ese contexto, Soto presentó ayer un proyecto con el respaldo de diputados de la oposición y de Gonzalo Fuenzalida (RN) para otorgarle autonomía constitucional al Consejo para la Transparencia.