Informe de Chile a la ONU destaca política migratoria

Autor: Alberto Labra

La sede del Consejo de DD.HH. de la ONU, en Ginebra. Foto: AFP

Subsecretaria Lorena Recabarren -quien lidera delegación de nuestro país- expone este martes ante el Consejo de DD.HH. en Ginebra. Documento enviado a ese organismo también resalta el Plan Araucanía y defiende el uso de la Ley Antiterrorista, desestimando un “ánimo de criminalizar a ningún grupo en particular”.


Una exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, realizará este martes el gobierno, en el marco del tercer Examen Periódico Universal (EPU), instrumento creado en 2006 por la Asamblea General y que se realiza cada cuatro años.

El EPU consiste en una evaluación del cumplimiento de obligaciones internacionales sobre derechos humanos, de acuerdo a un trabajo realizado entre los países miembros de la ONU y en el que se aceptan recomendaciones de distintos gobiernos. En ese contexto, la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren, será la encargada de intervenir ante el organismo, en base a un informe de 26 páginas elaborado por el Ejecutivo en coordinación con los otros poderes del Estado. De hecho, la delegación que viajó a Suiza la integran también el ministro de la Corte Suprema Manuel Antonio Valderrama, representantes del Congreso y de varios ministerios.

En el documento se abordan los avances entre 2014 y 2018, destacando, además, lo realizado por el Presidente Sebastián Piñera, entre otras cosas, referente a la política migratoria, el Plan Araucanía y defendiendo la aplicación de la Ley Antiterrorista. “El gobierno (…) se encuentra realizando esfuerzos para promover una agenda de derechos humanos con alto impacto social, apoyando a grupos históricamente violentados en sus derechos. Ello, a través de medidas como: (a) el Acuerdo Nacional por la Infancia; (b) el Plan Araucanía (pueblo mapuche); (c) el Plan Adulto Mejor (adultos mayores) y la Agenda Mujer”, dice el texto.

* Migrantes e “integración”

En uno de sus apartados, el informe menciona el proyecto del gobierno que modifica la Ley de Migraciones, que la semana pasada fue aprobado en la sala de la Cámara y despachado al Senado, pese a las críticas que han lanzado desde varios partidos de la oposición, acusando que la iniciativa, entre otras cosas, vulnera los derechos humanos de los inmigrantes.
“Su objetivo es avanzar hacia una migración segura, ordenada y regular, dando un trato humano a los migrantes, con igualdad de derechos y obligaciones, promoviendo la integración. El proyecto establece un Consejo de Política Migratoria y crea el Servicio Nacional de Migraciones”, se señala en el escrito enviado a la ONU.

* Ley Antiterrorista: “Sin ánimo de criminalizar”

Sobre el Plan Araucanía, el informe plantea que “el actual gobierno, en septiembre de 2018, presentó el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz, enumerando los ejes principales.
Además, se aborda la Ley Antiterrorista, normativa que ha generado cuestionamientos en años anteriores. Uno de ellos, por ejemplo, se produjo en octubre de 2017, cuando expertos de la ONU pidieron que no se aplique en el contexto de protestas de los mapuches.

El escrito sostiene que “la aplicación” de esa normativa “responde a su carácter general, sin ánimo de criminalizar a ningún grupo en particular”. Y se agrega: “Considerando aquellos casos de primera instancia correspondientes a imputados acusados por el Ministerio Público por conducta terrorista (2015-2018), se identificaron seis sentencias en que se habría aplicado esta normativa. Ello, sin perjuicio de que la norma se ha aplicado en otros casos a acusados que no pertenecen a ningún pueblo originario”. Además, recalca que “en una reciente sentencia, la Corte Suprema refuerza el alcance general de la ley, exigiendo a los tribunales fundamentar su decisión eliminando todo análisis que llevase a considerar el origen étnico de los imputados como un factor para sancionar”.

En el anterior EPU ante el Consejo de DD.HH. también le correspondió al gobierno de Piñera, en su primera administración, enviar un informe a la ONU, fechado en enero de 2014. Y en ese documento se aborda directamente la “aplicación (de la) Ley Antiterrorista a pueblos indígenas”, aunque sin recalcar que no se busca “criminalizar” a ningún grupo. Aquella vez, el escrito señalaba que “el Ministerio del Interior en ningún caso ha elaborado lineamientos o políticas para la aplicación de esta ley a los pueblos indígenas” y que su aplicación “obedece estrictamente a que algunos hechos investigados se encuentran comprendidos bajo los tipos penales que dicha normativa consagra y no a la participación de miembros de pueblos originarios o grupos determinados”.

Bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet, en tanto, se envió un informe a la ONU en 2009 -durante el primer examen del Consejo de DD.HH.- en el que no se menciona la Ley Antiterrorista.

* “Derechos sexuales y reproductivos”: aborto en tres causales

El informe también destaca la institucionalidad del Estado de Chile en materia de DD.HH. y aborda los “derechos sexuales y reproductivos”, mencionando, en ese punto, la publicación de la ley que despenaliza el aborto en tres causales -que fue impulsada por el gobierno de Michelle Bachelet y resistida por la centroderecha-, los programas de acompañamiento y la objeción de conciencia institucional “bajo ciertas condiciones”.

* Ley de Inclusión: “En Educación, el Estado ha dado pasos importantes”

Otro aspecto impulsado por Bachelet que se menciona en el escrito es la Ley de Inclusión. “En educación, el Estado ha dado pasos importantes. En materia legislativa, se aprobó la Ley de Inclusión Escolar 20.845 (2015), que entrega las condiciones para que los niños, niñas, adolescentes y adultos que asisten a colegios que reciben subvención del Estado puedan recibir una educación de calidad”, se lee en uno de los párrafos del documento.

Además, se expone la ley que crea un nuevo Sistema de Educación Pública, “transfiriendo gradualmente los establecimientos educacionales desde los municipios a 70 nuevos servicios locales de educación, creando un nuevo Sistema Nacional de Educación Pública para mejorar la calidad”.

* Cambios a “Ley Zamudio”

Entre 2012 y 2016, 234 causas en tribunales de primera instancia, 87 recursos ante cortes de Apelaciones y 10 en la Corte Suprema. Eso registra el informe sobre la aplicación de la denominada Ley Antidiscriminación o “Ley Zamudio”, especificándose que la normativa “ha sido invocada generalmente para discriminación por enfermedad o discapacidad, ideología u opinión política y orientación sexual.

Además, se señala que el Ministerio Secretaría General de Gobierno está aplicando una segunda consulta ciudadana sobre no discriminación, lo que -se lee en el escrito- “servirá de insumo para la presentación de modificaciones a la ley”.

* Sename: “El país se encontraba en deuda”

El informe también aborda la situación del Sename, algo que fue criticado en julio por la ONU, organismo que acusó violaciones a los derechos humanos de los menores en esos centros.

“Respecto de la protección de la niñez y adolescencia, la institucionalidad existente era deficiente y el país se encontraba en deuda en esta materia. Es por esto que el Presidente asumió esta materia con prioridad, tomando varias medidas, entre ellas convocó una mesa de trabajo sobre temas de infancia, donde participaron parlamentarios de distintas tendencias políticas, ministros y expertos de la sociedad civil. Dicha mesa presentó en mayo de 2018 el ‘Acuerdo Nacional por la Infancia’. El informe contiene una serie de medidas destinadas a ofrecer adecuada protección a niños, niñas y adolescentes en general; a aquellos en riesgo de vulneración de derechos, y a aquellos cuyos derechos ya hubiesen sido efectivamente vulnerados”, se lee en el escrito enviado por el Ejecutivo a Naciones Unidas.

En el texto también se enumeran las medidas adoptadas, como la “Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez (segundo trámite constitucional); creación del Servicio de Reinserción Social Juvenil y del Servicio de Protección a la Niñez, que reemplazan al actual Sename; aumento de la subvención que el Estado entrega a las residencias de los organismos colaboradores; reforma al sistema de adopción, y para declarar la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de niños y niñas”.

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