Infraestructura crítica: La Moneda se allana a cambio constitucional para facilitarle a Boric el uso de FF.AA. en seguridad interna

Los ministros Vallejo, Fernández, Jackson y Siches en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Si ese proyecto se aprueba el próximo martes en el Senado, el miércoles podría discutirse y despacharse a ley en la Cámara. Con esa nueva potestad, Boric tendría que pedir autorización al Congreso cada 60 días. "Valoramos que los parlamentarios estén analizando todas las herramientas", dijo el ministro Jackson, quien semanas atrás había sugerido al Congreso no avanzar con la iniciativa.




“Mire qué buena noticia, ministra”, le dijo el senador DC Matías Walker a la titular de Interior, Izkia Siches, el miércoles al intervenir en la sesión de la Cámara Alta en la que se aprobó extender por 15 días más el estado de excepción en el sur.

Su comentario aludía al acuerdo del Senado de votar el próximo martes el proyecto de infraestructura crítica, una reforma constitucional que permitiría al Presidente de la República, Gabriel Boric, destinar -en forma inmediata y sin demasiados trámites- a las FF.AA. para cuidar espacios públicos o lugares estratégicos (puentes, caminos, servicios básicos, transportes o empresas necesarias para el abastecimiento de la población). Esta eventual nueva potestad tampoco requeriría la interrupción de garantías y libertades constitucionales (derechos de locomoción o reunión), como ocurre con los estados de excepción.

Aunque las palabras de Walker tenían un dejo de ironía, ya que el gobierno inicialmente había sugerido no continuar con esa iniciativa -cuya autoría es del senador RN Kenneth Pugh y la independiente Carmen Gloria Aravena-, dado el proceso constituyente, la respuesta de Siches al término de la sesión fue una señal positiva. “Hemos dado la discusión y esperamos seguir profundizando ese debate desde el análisis técnico. Sin duda, vamos a estar muy expectantes de la discusión que den los parlamentarios”, comentó la jefa de gabinete.

“Seguiremos con atención el debate. Como gobierno tenemos la responsabilidad de responder con seguridad a la ciudadanía y, en ese sentido, valoramos que los parlamentarios estén analizando todas las herramientas para ese debate, porque sabemos que también para ellos es una prioridad garantizar la seguridad”, añadió, por su parte, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, ante una consulta de La Tercera.

Uno de los problemas para el gobierno, que se hizo patente en la discusión de esta semana, es que la solicitud presidencial para renovar el estado de excepción va a requerir una tramitación cada 15 días, proceso que podría hacerse cada vez más tortuoso por las críticas y descuelgues en la derecha y, por otro lado, por las disidencias en el propio oficialismo, especialmente en el Frente Amplio y el PC.

Consultada si se está evaluando una fórmula para no tener que renovar tan seguido la presencia militar en el sur, el miércoles pasado, la ministra Siches sinceró que “dentro de este Senado se han planteado algunas alternativas, una de esas es el proyecto de infraestructura crítica, otra es aplazar los plazos del estado de excepción constitucional (que también requeriría un cambio a la actual Carta Fundamental)”.

De hecho, otra de las ventajas de la reforma de infraestructura crítica es que si el Presidente recurre a los militares, requiere de una autorización del Congreso recién a los 60 días para que la medida sea prorrogada.

A juicio de algunos dirigentes del oficialismo, la reforma de infraestructura crítica, si se tramita en un plazo breve, podría aliviar una preocupación al Ejecutivo, ya que se trata de una moción que está en su fase final de discusión, donde ya no caben las indicaciones parlamentarias.

Incluso, trascendió en el Senado que la reforma de infraestructura crítica fue uno de los temas que abordó el presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, con el ministro Jackson, en la reunión que sostuvieron el viernes pasado en La Moneda. En esa cita, Jackson le habría dado luz verde para que la reforma avance. El único reparo que habría planteado el ministro es que el Senado priorizara para esta semana la tramitación del estado de excepción (situación que ya ocurrió) y que la reforma sobre infraestructura crítica quedara para la semana siguiente.

Si se aprueba el próximo martes en el Senado (con el apoyo de 30 senadores), el miércoles podría discutirse y despacharse a ley en la Cámara, donde requeriría de la aprobación de 93 diputados.

En el gobierno comentan que la reforma dejó de ser un tema incómodo. Anteriormente, el Ejecutivo había asumido con distancia este debate, ya que dividía al oficialismo. Incluso, cuando el ministro Jackson concurrió a la comisión mixta que estaba buscando un mecanismo alternativo a los estados de excepción, hizo la prevención que “de aprobarse una reforma constitucional de aquí hasta antes de que sepamos cuál va a ser el futuro texto constitucional sobre el que se tiene que aplicar, estamos hablando que en términos procesales puede hacer que se pierda el trabajo que eventualmente se llegue acá en términos de consenso”.

Además, señaló que aún no estaba cerrada la discusión en la Convención sobre normas transitorias, por lo que concluyó que “en caso de que se avance, lo que temo es que un acuerdo no se termine por implementar, porque va a estar obsoleto”.

Si bien las palabras del ministro generaron molestia entre los senadores, en el gobierno precisan que Jackson nunca cerró completamente la puerta a la iniciativa.

No obstante, algunos senadores interpretan esta apertura como un giro, porque ven inquietud en el gobierno de que la próxima prórroga que se solicite en dos semanas más tal vez sufra una nueva merma de apoyo en el Frente Amplio y del comité PC-FREVS-independientes. Una señal preocupante en esa línea fue el silencio de los comunistas en el debate que se dio en la Cámara y en el Senado. Además de los dos votos en contra de dos diputadas PC, Lorena Pizarro y María Candelaria Acevedo (ambas víctimas de violaciones a derechos humanos en dictadura), en esta ocasión se abstuvieron Carmen Hertz (PC, también víctima de la dictadura) y los independientes Camila Musante, Tomás Hirsch y Ana María Gazmuri. Adicionalmente, se registraron dos ausencias de diputados comunistas, Marisela Santibáñez y Matías Ramírez, quienes eran declarados disidentes del estado de excepción.

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