Ya iniciado el receso legislativo y con el objetivo de desatar los nudos del proyecto de reforma política, la ministra Segpres, Macarena Lobos, contactó a los diputados que integran la Comisión de Gobierno de la Cámara -instancia donde está alojado el proyecto- para activar la mesa técnica que discutirá la iniciativa.

En este espacio -que preliminarmente estará integrado por diputados y asesores tanto de ellos como del gobierno- estudiará el contenido del proyecto y las indicaciones que fueron presentadas en las últimas semanas.

La mesa sesionará durante febrero -aunque todavía el gobierno está viendo en qué fecha- con el objetivo de llegar a marzo con los nudos resueltos y, así, en esa semana que quedará de periodo legislativo despachar el proyecto a ley.

Las trabas dicen relación, principalmente, con la batería de 54 indicaciones que fueron presentadas -en su gran mayoría por diputados aliados del gobierno- que buscan la supervivencia de sus respectivos partidos políticos durante estos meses.

De hecho, una de ellas fue presentada por la bancada del Partido Radical y busca que los partidos puedan sobrevivir con la mera elección de un solo parlamentario.

Enmiendas como estas fueron leídas como cortapisa a la iniciativa para que no pudiera despacharse durante enero y que quedara pendiente para la primera semana de marzo, la última del periodo legislativo actual.

Consultado el presidente de la comisión, Rubén Oyarzo (radical), aseguró que en la mesa técnica “va a haber asesores, pero también van a participar diputados que están muy interesados en este proyecto de ley”.

En esa línea, Oyarzo añadió que el diputado Félix González (FRVS) ya confirmó la asistencia a esa instancia. Asimismo, Tomás Hirsch y Jaime Mulet (FRVS) también solicitaron ser notificados para asistir. “Va a haber presencia mixta”, señaló el presidente de la comisión.

Requerido el diputado Mulet, señaló que sus prioridades para esa mesa serán “que haya sanción al transfugismo de parlamentarios con un impedimento de cambiar de partido por el que se eligió al menos los dos primeros años y el de darle valor a los acuerdos colectivos de los comités parlamentarios sobre las opiniones individuales, salvo la objeción de conciencia”.

Las reformas

El proyecto del Ejecutivo, que fue anunciado por el Mandatario en su cuenta pública de 2024, como “complemento” a la que presentaron los senadores, tuvo una rápida tramitación en el Senado, sin embargo, en la Cámara el camino ha sido pedregoso, debido al alto número de parlamentarios en esta rama del Congreso que son detractores, ya sea porque son independientes o porque verían a su partido morir.

La iniciativa gubernamental, gestionada por el ministro Álvaro Elizalde (PS), modifica tres leyes orgánicas constitucionales (la de Partidos, la del Congreso y la de Votaciones y Escrutinios).

En lo esencial, la propuesta de La Moneda fortalece a los comités parlamentarios y eleva restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos, además de los requisitos para candidaturas independientes.

La otra iniciativa es una reforma a la Constitución, impulsada por un grupo de senadores del PS, del PPD, de RN, de la UDI y de Evópoli, que fija un “umbral” (una barrera del 5% de los votos o contar con ocho parlamentarios) para que los partidos puedan elegir diputados. Además, establece una nueva causal de cesación del cargo parlamentario a aquellos que renuncien a sus partidos o bancadas.

Si bien la pérdida del cargo tiene apoyo desde el PC al Partido Republicano, el umbral es resistido por varias colectividades no solo de izquierda, también de derecha, como los libertarios y los socialcristianos.