Este martes, al inicio de la sesión de la sala de la Cámara de Diputados, la primera tarea que debieron resolver los parlamentarios fue la integración de la comisión revisora de la acusación constitucional que presentaron distintas bancadas -entre ellas, las del Partido Nacional y Libertario- en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA).

Al ser ingresada el lunes por la tarde en medio de la sesión de sala, el libelo se dio cuenta este martes. Por lo mismo, inmediatamente se hizo el sorteo.

Así, el azar definió que los diputados que revisarán el libelo serán Marcela Hernando (Ind. exradical), Alejandro Bernales (liberal), Carlos Bianchi (Ind.-PPD), Joanna Pérez y Luis Sánchez (republicano).

Este mismo martes, la comisión se constituyó y definió que sesionarán lunes, martes y miércoles de la próxima semana en paralelo a la sala. Es decir, el primer día, de 17.30 a 19.30 h; mientras que los otros dos será de 10.30 a 12.30 h.

Si bien quedó con mayoría opositora, la resolución que adopte este espacio fiscalizador no es vinculante con la determinación que fije la sala, pues la comisión únicamente recomienda aprobar o rechazar.

De todos modos, una primera señal en favor del exministro la mostró el diputado Bianchi.

Si bien desde que fue anunciada la acusación, el integrante de la bancada del PPD estaba inclinado a votar a favor, este martes entregó algunos mensajes que tomaban distancia de esa decisión.

En un punto de prensa, el diputado cuestionó el timing de la presentación del libelo. “¿Una acusación resuelve el problema que hoy día enfrente nuestro país?“, planteó.

Y añadió: “El exministro Grau estuvo siete meses en su calidad de ministro y por lo tanto hay que observar si en esos siete meses son suficientes para buscar en él la total y completa responsabilidad o buscar en otros que lo antecedieron”. Esto último, en referencia al también exministro de Hacienda Mario Marcel.

En paralelo, la bancada de RN debía resolver cómo enfrentaban la acusación, pues había división entre sus diputados: mientras unos se resisten a aprobar; otros, derechamente, firmaron la acusación, como Francisco Orrego y Daniel Valenzuela.

Luego del almuerzo de bancada, definieron que se daría libertad de acción para la votación del libelo. Fuentes de la bancada, en todo caso, transmitían que había una mayoría por aprobarlo.

Quienes se mostraron contrarios, agregan las mismas versiones, fueron la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, y Jorge Guzmán, quien si bien es Evópoli, está dentro del comité de RN.

A pesar de que RN no dio un respaldo cerrado, en el Partido de la Gente -que también se matriculó con dos firmas para el escrito, como fueron las de Patricio Briones y Javier Olivares- más diputados se han abierto a aprobar la acusación.

Una de ellas es Pamela Jiles, quien, junto con asegurar que votará a favor de la acusación, manifestó que “la derechita cobarde va a llegar a un acuerdo entre oligarquías en el Senado y este señor (Grau) va a ser perdonado”.

Junto con Jiles, entre los impulsores de la acusación, apuntan que Alexis Nahuelquín (PDG) también estaría por aprobar.

El round de Zapata con los diputados

El abogado defensor del exministro Grau será el constitucionalista Patricio Zapata -quien ya ha ejercido en esta función en otras acusaciones, como la de Maya Fernández- y rápidamente se enfrascó en un round con los diputados impulsores del libelo.

Esto, porque, en entrevista con Tele13 Radio, Zapata señaló que la acusación “no logra mostrar ninguna infracción constitucional ni legal” y advirtió sobre un eventual “parlamentarismo de facto”.

Según el abogado, este fenómeno de “discusiones técnicas, complejas, las llevamos a una discusión política donde, la verdad de las cosas, uno no observa una preocupación por la institución que está detrás”.

Sus dichos desataron la molestia entre los diputados acusadores.

La diputada Paulina Muñoz (libertaria) afirmó: “Claro que había que cuidar el Ministerio de Hacienda y lo debería haber hecho el exministro Grau con una gestión impoluta”.

“Y déjeme recordarle que es atribución exclusiva del gobierno el levantar una acusación constitucional”.

El diputado Orrego, por su parte, acusó que “calificar el uso de una herramienta constitucional como un parlamentarismo de facto es un profundo error conceptual y una falta de respeto a las atribuciones de este Congreso”.

Los dardos de la oposición a la AC

En las bancadas de centroizquierda e izquierda no han dudado en iniciar su propia arremetida para enfrentar al oficialismo.

En ese sentido, este martes los jefes de bancada del sector salieron a criticar el contenido de la acusación, a través de un comunicado.

La jefa de bancada del FA, Gael Yeomans, señaló que la acusación constitucional sienta un grave precedente que podría tener “repercusiones que podían ser de carácter internacional respecto a la economía chilena”.

Dirigiéndose directamente a la oposición, la titular de la bancada del PC, Daniela Serrano, afirmó: “Si ellos van a tomar las cifras y van a hablar de lo que el ministro Grau no tomó del Consejo Fiscal Autónomo, entonces hoy día ellos mismos están torpedeando a su gobierno”.

El jefe de la bancada del PS, Raúl Leiva, aseguró que es “grave que se siente un precedente de acusar constitucionalmente respecto a estimaciones o proyecciones. Como se señaló, a mi juicio de manera injuriosa y eventualmente calumniosa, a un maquillaje que eventualmente le da un rédito. Eso no es honesto, porque el libelo no establece ningún incumplimiento específico”.

Por último, el jefe de bancada y presidente del PPD, Raúl Soto, señaló que “con esta acusación constitucional se rompe lo que hasta ahora era una tradición en nuestro país, y es considerar la política fiscal como una política de Estado, que está por encima de las diferencias y de la contingencia política e ideológica”.