Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Diego Schalper, ingresaron dos requerimientos ante la Contraloría General de la República (CGR) solicitando auditorías completas sobre las pensiones de gracia entregadas a supuestas víctimas del estallido social y por los millonarios sueldos pagados en la Subsecretaría de Seguridad Pública.

Los parlamentarios Longton y Schalper solicitaron fiscalizar las remuneraciones de la Subsecretaría de Seguridad Pública, que en conjunto superan los $105 millones mensuales. Esto en el marco de la revelación que hizo una publicación de La Segunda sobre los sueldos de altos cargos de la cartera.

“Estas elevadas remuneraciones no se condicen con los resultados en materia de seguridad que saltan a la vista de todos los ciudadanos y son claramente no satisfactorios”, enfatizaron los diputados, subrayando que varios funcionarios ganan incluso más que el propio ministro del ramo.

Entre los sueldos cuestionados destacan los $10.217.749 del subsecretario Rafael Collado y cifras entre $8,2 y $9,3 millones para jefes de división.

El requerimiento además cuestiona la idoneidad de los profesionales que lideran áreas estratégicas del ministerio, señalando la existencia de contrataciones sin experiencia en seguridad pública, y advierte una “posible irregularidad en el pago automático de la Asignación de Modernización de la Ley N°19.553 sin acreditar resultados propios".

Pensiones de gracia

En paralelo, los parlamentarios presentaron un segundo requerimiento respecto de las pensiones de gracia y advirtieron que “el episodio es un punto oscuro en el manejo de los beneficios fiscales de nuestra institucionalidad y en particular respecto de aquellos que concede el Presidente de la República”.

Recordaron que el Informe Final N°419 de la propia Contraloría detectó múltiples irregularidades, entre ellas que 58 de los 136 casos revisados correspondían a personas con antecedentes penales.

Los legisladores recalcaron la gravedad de los hallazgos, mencionando que “a más de un año de emitido el informe, aún persisten observaciones sin subsanar, lo que demuestra una negligencia en el actuar de los organismos involucrados”.

Finalmente, los diputados RN recalcaron que el costo total de las pensiones de gracia auditadas asciende a $5.434 millones, mientras que los sueldos de la Subsecretaría de Seguridad Pública significan más de $105 millones mensuales.

“Estamos hablando de cuantiosos recursos fiscales y de un proceso que debe ser revisado en su totalidad para garantizar transparencia y responsabilidad en el uso de los fondos públicos”, concluyeron, solicitando que la Contraloría sustancie los procedimientos administrativos correspondientes e informe los resultados a la Cámara de Diputados.

Respuesta del gobierno

En una vocería, la ministra secretaria de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada por la acción de los diputados RN, y señaló que “sobre las pensiones de gracia del estallido social, recordar que estas pensiones de gracia por estallido comenzaron en la administración de Sebastián Piñera y continuaron en nuestra administración”.

“Del total de pensiones de gracia que se han entregado por el estallido entre la administración anterior y esta, ya hay 28 que fueron revocadas, dado que se detectaron antecedentes penales las personas que tenían estas pensiones de gracia y que hicieron desestimar, obviamente, que no merecían mantenerse a propósito del espíritu original que tuvieron estas pensiones”, explicó.

Respecto a los sueldos de la Subsecretaría, indicó que “los datos que han sido publicados respecto a las remuneraciones son imprecisos, totalmente imprecisos, porque no son las remuneraciones mensuales. Y por lo tanto, hay nuevamente, no solo es que se ajustan a la legislación vigente, sino que los datos que han sido informados públicamente han sido imprecisos”.