Los puntos críticos del oficialismo y la oposición para llegar a acuerdo en las enmiendas de la Comisión Experta

Los 24 comisionados de la Comisión Experta están esperando que la secretaría del proceso constitucional elabore el comparado de enmiendas para echar a andar formalmente las primeras gestiones vinculadas a la discusión en particular de las más de 900 indicaciones que ingresaron este lunes.

Para eso, los comisionados tienen un poco menos de dos meses para completar esta fase final de la redacción del anteproyecto de nueva Constitución. En este proceso los expertos adelantan que se vendrá un verdadero choque de posiciones entre enmiendas que a veces son contradictorias y representan polos opuestos de posiciones políticas muy difíciles de acercar.

El primer choque se dará en el sistema político y la reforma al sistema electoral. Mientras el oficialismo quiere avanzar hacia las listas cerradas, bloqueadas y sin pactos electorales, la oposición va por ideas totalmente contrarias. Sus enmiendas proponen listas abiertas con pactos electorales. Lo único que comparten -hasta ahora- es que ambos quieren mantener el sistema proporcional, pero la oposición va un paso más allá y propone un redistritaje para que los 28 distritos repartan entre tres y cinco escaños. Ambas bancadas, a su vez, proponen prohibir las listas de independientes.

Otra pelea relevante será todo lo que tenga que ver con el umbral electoral de 5%. El pleno ya aprobó en general una barrera electoral para participar de la repartición de escaños en una elección parlamentaria. El oficialismo lo quiere mantener sin cambios, pero la derecha busca introducirle una excepción, es decir, cumplir el umbral o haber obtenido ocho parlamentarios. En tanto, las comisionadas de la DC pretenden impulsar una enmienda que permita que los partidos que no cumplan el requisito se puedan federar, es decir, que se puedan unir sin la necesidad de fusionarse.

Otra disputa relevante se dará por los escaños reservados. La enmienda del oficialismo plantea que “existirán escaños reservados para los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. La ley determinará su número en proporción a la población inscrita en un registro especial denominado Registro Electoral Indígena, que deberá asegurar la representación plural de pueblos indígenas reconocidos en esta Constitución. La ley regulará los requisitos, los procedimientos y la distribución de los escaños reservados”. La oposición, por su parte, está en contra de eso y no presentó ninguna indicación sobre la materia.

Una disputa similar se dará por la paridad. El oficialismo ingresó varias enmiendas para garantizar esta medida en los órganos colegiados y el Congreso. La derecha hizo algo similar, más sutil, pero sin la palabra paridad. Firmaron una enmienda que establece un mandato para promover la integración igualitaria de los órganos entre hombres y mujeres.

Otro punto importante se dará en materia de derechos. Las normas aprobadas en general solo estipulan la protección del derecho a la vida. Sin embargo, la oposición quiere establecer que la Constitución protegerá la vida “del que está por nacer” y la ”maternidad vulnerable”. Lo más probable es que esa enmienda se anule con una del oficialismo.

La izquierda ingresó una indicación sobre los derechos sexuales y reproductivos. Ese texto dice que se protege el “derecho a tomar decisiones informadas y autónomas sobre su vida sexual y reproductiva, y acceder a las prestaciones de salud correspondientes sin coacción ni discriminación”.

Otro punto muy relevante, que será una dura disputa entre ambas bancadas, será el agua. En las primeras normas el pleno visó el artículo que deja el agua casi igual a como está regulada actualmente. “El agua, en cualquiera de sus estados, es un bien nacional de uso público. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”, dice la norma que ya se visó por el plenario.

La centroizquierda quiere dar un giro importante y algunos de sus comisionados firmaron una enmienda que plantea modificar el asunto. “El agua es un bien natural de uso público, en cualquiera de sus estados, sin que exista propiedad sobre ella. En función del interés público se podrán constituir derechos de aprovechamiento sobre las aguas, los que podrán ser limitados en su ejercicio, de conformidad con las disposiciones de la ley”, dice el texto firmado por nueve de los 12 comisionados oficialistas.

Ese sector, además, quiere ir tras el inciso, ya aprobado en general, sobre el derecho a la salud y la libertad de elección entre un régimen privado y otro estatal. Se trata de dos enmiendas. La primera indicación sustituye la frase de la discordia por lo siguiente: “La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el prestador de salud, sea este estatal o privado, de conformidad a la ley”. El objetivo es dejar en claro que siempre habrá libertad de elección para escoger el prestador.

“La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias”, es lo que dice la otra indicación respecto de este punto. Y agrega que “corresponde al Estado la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas”. La otra indicación, en esa parte, solo plantea que “le corresponde al Estado la función de rectoría de dichas acciones, de conformidad a la ley”.

La oposición, en materia de seguridad social, ingresó una enmienda para hacer lo mismo que hizo en salud, pero en materia de seguridad social. “El Estado deberá respetar el derecho de los cotizantes a elegir libremente la institución que administre sus ahorros previsionales y los fondos que generen, garantizando la propiedad, heredabilidad e inexpropiabilidad de los mismos”, señala el escrito. Todo indica que el oficialismo no dará sus votos para apoyar esta idea.