A inicios de esta semana, el Ministerio de Hacienda activó una de las primeras señales concretas del ajuste económico comprometido por la administración de José Antonio Kast. El titular de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, envió a todas las carteras un instructivo que ordena recortar un 3% de su presupuesto vigente, en una medida que busca dar una señal de disciplina en medio de un escenario de estrechez de caja.

La instrucción es pareja: cada ministerio deberá ajustar su gasto en esa proporción, con lo que el Ejecutivo proyecta un ahorro cercano a los US$ 3.000 millones.

Sin embargo, el plan no se agota ahí, pues se instruye un recorte adicional por otros US$ 1.000 millones. “Algunos ministerios tienen más espacio de rebaja de gastos que otros”, sostuvo el domingo en Mesa Central de Canal 13, delineando así un ajuste total de US$ 4.000 millones para el Presupuesto 2026.

Durante esta semana, la Dirección de Presupuestos (Dipres) ha desplegado a sus equipos sectoriales en los distintos ministerios para monitorear cómo se implementará el recorte. En las carteras de mayor tamaño, incluso, ha sido el propio director del organismo, José Pablo Gómez, quien ha encabezado reuniones para alinear criterios.

Este jueves, por ejemplo, llegó hasta el Ministerio de Obras Públicas junto a su equipo para sostener un encuentro con el subsecretario Nicolás Balmaceda, en el que se abordaron los primeros lineamientos del ajuste.

El proceso ocurre en paralelo a otra iniciativa clave: la auditoría total al Estado que impulsa el gobierno. Su comité estratégico -presidido por la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo- sesionará por primera vez este viernes, con el fin de acordar sus reglas de funcionamiento, además de definir una priorización inicial de las líneas de auditoría.

Aunque el instructivo es reciente, en varias carteras ya comenzaron a delinear sus planes. Esto, porque según consta en la circular de Hacienda, este viernes vence el primer plazo para informar a la Dipres las medidas asociadas al ajuste adicional por US$ 1.000 millones. La meta del recorte del 3%, en tanto, tiene un horizonte más amplio.

“Con plazo máximo de información a la Dipres el 20 de marzo de 2026, cada ministerio en un trabajo conjunto con los sectores presupuestarios, deberá identificar abusos y malas prácticas en el uso de recursos fiscales, así como espacios de eficiencia y austeridad permanentes a la espera de ser informados de la rebaja adicional a cada cartera. Se informará oportunamente la instancia coordinadora de este proceso y las cifras específicas”, señala el documento.

En términos generales, los primeros criterios coinciden en reducción de viajes, limitación de viáticos, contención en contratación de personal -y reducción del mismo-, además de una revisión de gastos operacionales. Sin embargo, la magnitud del ajuste varía según el tamaño del presupuesto de cada ministerio.

Salud, Educación y Vivienda

En Salud, cuyo presupuesto supera los $ 17 billones, el recorte del 3% equivale a más de $ 517 mil millones. En Educación, con un monto similar, la reducción bordea los $ 524 mil millones. Vivienda, en tanto, debe ajustar cerca de $ 200 mil millones, mientras que Defensa enfrenta un recorte de unos $ 67 mil millones.

En el caso de Salud, ministerio dirigido por la ministra May Chomali, ya se han comenzado a bajar lineamientos a los servicios dependientes. Una señal de ello fue la circular emitida por el Servicio de Salud Osorno, donde se establecen “directrices locales sobre ajuste fiscal”. El documento instruye, entre otras medidas, restringir reemplazos de personal a casos estrictamente necesarios -principalmente en funciones clínicas o de turno-, limitar las horas extraordinarias a situaciones impostergables y evitar el pago de viáticos. Además, se fija como criterio que las actividades se desarrollen dentro de la jornada laboral, trasladando la responsabilidad a cada jefatura.

En Educación, en tanto, el margen de maniobra es más acotado debido a que buena parte de sus compromisos financieros ya están comprometidos por la Ley de Presupuestos.

Aun así, la cartera liderada por María Paz Arzola evalúa medidas como congelar nuevas inversiones en infraestructura, no llenar vacantes salvo casos críticos y revisar programas de beneficios estudiantiles. Entre ellos, aparecen la beca de alimentación de educación superior (BAES) y otros apoyos monetarios entregados por Junaeb. También se contempla reducir estructuras internas, como equipos comunicacionales en subsecretarías.

En Vivienda, el diagnóstico es más crudo. El ministro Iván Poduje ha transmitido que “las arcas están vacías”, lo que ha llevado a priorizar recortes en estudios, arriendos, contratos a honorarios y convenios con universidades. A ello se suma la revisión de la estructura de los Serviu, donde -según conocedores de la cartera- la nueva administración ya ha identificado “amarres”. En paralelo, se han iniciado sumarios que podrían derivar en desvinculaciones.

Defensa

Defensa, por su parte, apunta a una reducción en gastos operativos, como viajes, viáticos y dotaciones administrativas. La cartera, encabezada por Fernando Barros, ya comenzó a achicar sus equipos en comparación con administraciones anteriores. Con todo, el foco está en resguardar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, cuya situación financiera ya es calificada como compleja por fuentes del sector. El escenario de ajuste ha sido abordado en las reuniones que el propio Presidente ha sostenido con los comandantes en jefe.

Otras reparticiones -de menor tamaño presupuestario- también avanzan en la misma línea. En la Secretaría General de Gobierno apuntan a reducir el tamaño del gabinete, mientras que en Presidencia -sujeta igualmente al instructivo- el proceso está siendo coordinado por el director administrativo de La Moneda, Julio Feres.

Pese a los avances, en el gobierno reconocen que los primeros recortes están lejos de completar la meta trazada por Hacienda. La combinación entre gastos comprometidos y necesidades operativas limita el margen de acción en varias carteras. Por lo mismo, el ajuste adicional anunciado por Quiroz y los resultados de la auditoría al Estado serán claves para determinar hasta dónde es posible profundizar la poda fiscal sin afectar el funcionamiento de los servicios.