Una suerte de mea culpa colectiva hizo este martes el diputado Leonardo Soto (PS) en la Comisión de Constitución de la Cámara, que ayer aprobó por unanimidad la reforma constitucional que restringe el sufragio de los extranjeros a partir de 2026.

Esta reforma presentada por el Ejecutivo, que no operará en estos comicios, era uno de los pilares del acuerdo al que arribó la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (independiente) con los senadores de oposición.

Ese acuerdo tenía como contraparte el compromiso de La Moneda de dar urgencia y no poner más obstáculos al proyecto que establece una multa por no votar a los ciudadanos chilenos. Esta otra iniciativa, de autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que era una demanda de la oposición para fortalecer el carácter obligatorio del voto, sí podría regir en las elecciones de este fin de año.

No obstante, hasta la semana pasada, al menos, persistía una fuerte resistencia a la multa de parte de los diputados del oficialismo, que en bloque rechazaron el artículo que fijaba la misma sanción monetaria, despachando al Senado un texto sin “su corazón”. Ese episodio, ocurrido el 2 de septiembre, dejó en una incómoda posición a la ministra Lobos, que había suscrito un acuerdo con los senadores de oposición, los que, en represalia, resolvieron bloquear la agenda legislativa de La Moneda.

Por ello, era crucial la señal que iban a dar este martes los diputados de gobierno en la Comisión de Constitución, en la que, si bien solo se revisó la reforma sobre el voto extranjero, todos entendían que ambas iniciativas eran parte de un pacto mayor que además había sido refrendado por el propio Presidente Gabriel Boric.

“Por nuestra propia incapacidad, en conjunto, de habernos puesto de acuerdo aquí en la Cámara, lo único que posibilitó es que el Senado lo hiciera y hoy día nosotros nos estamos subordinando a eso, por nuestra propia incapacidad”, se lamentó este martes el diputado Soto (PS), al dar su apoyo a la reforma constitucional y, además, anunciar que respaldará la otra iniciativa sobre la multa.

Consultado por La Tercera, Soto admitió que “la inmensa mayoría de la bancada va a apoyar con mucha fuerza y determinación el acuerdo al que se arribó en el Senado”.

Su postura fue seguida por otros legisladores del oficialismo, que finalmente dieron la unanimidad al proyecto sobre los extranjeros y dieron tímidas señales de que no provocarán un nuevo motín como el que se registró a inicios de septiembre.

El jefe de los diputados PS, Juan Santana, señaló que al menos los socialistas “vamos a ser responsables con el acuerdo que construyó el Ejecutivo, donde se consideran las inquietudes prioritarias que tiene cada sector, es decir legislar para que existan multas, en este caso para los chilenos y chilenas, y por otra parte dar una discusión con las exigencias para que personas extranjeras puedan tener el derecho a votar en Chile”.

El gesto del PS era clave, ya que ellos, junto al comité PPD-Independiente, fueron los protagonistas de la rebelión anterior. De hecho, el papel que desempeñaron, en particular los diputados socialistas Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini y Raúl Leiva, alimentó las sospechas de la oposición de que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), estuvo detrás de la quitada de piso que el oficialismo le propinó a la multa con la excusa de que la consideraban desmedida.

No obstante, para despejar dudas, el mismo Elizalde, que hace semanas no era visto en tareas legislativas, reapareció este martes en el Congreso y sostuvo algunas conversaciones con los diputados de su partido, aparentemente para bajar la resistencia al acuerdo que había trabajado la ministra Lobos y que, además, era respaldado por el Presidente Boric y la senadora y timonel PS, Paulina Vodanovic.

Si se confirma el apoyo socialista, el gobierno y la oposición ya tendrían una holgura para afrontar la votación de ambas reformas con mayor tranquilidad. Para ello, el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), en coordinación con los comités y la ministra Lobos, ya acordaron votar hasta total despacho estas iniciativas en una sesión del lunes 29 de septiembre a partir de las 16 horas.

Para esa jornada clave, la reforma constitucional, que sube los requisitos a partir de 2026 para el sufragio de los inmigrantes, necesita 87 votos de los 152 diputados habilitados, mientras el proyecto que aplica una multa a los ciudadanos que no concurran a las urnas requiere de 77 respaldos en la sala.

Hasta ayer la norma del sufragio extranjero contaba con un piso suficiente, pero la multa era la iniciativa con una base más frágil, ya que, sin el respaldo del PS, solo tenía alrededor de 80 apoyos en la Cámara, es decir, con cuatro ausencias o desmarques, perfectamente se ponía en riesgo su aprobación.

En todo caso, en las otras bancadas del oficialismo aún no está zanjado cómo votarán ambos proyectos. De hecho, puede que algunos solo aprueben la restricción del sufragio extranjero (una medida demandada por la alianza gubernamental, donde temen que la mayoritaria comunidad venezolana adopte un voto castigo contra izquierda en las elecciones), pero vuelvan a rechazar la multa.

Hasta ayer el grupo más resistente seguía siendo la bancada PPD-Independientes, a ellos se sumaban algunos referentes del Partido Liberal y del Frente Amplio, como el excandidato presidencial Gonzalo Winter.

Sin embargo, en la Comisión de Constitución, la diputada Lorena Fries (Frente Amplio) adelantó que se ceñiría al acuerdo del Ejecutivo, pero no escondió sus reparos a la multa, dando un nuevo argumento en contra: la desigualdad ante la ley, ya que la sanción pecuniaria se aplicaría solo a chilenos y no a los extranjeros no nacionalizados.

Si bien originalmente, el proyecto de la diputada Pérez contemplaba un castigo por no votar de hasta $ 206 mil, al final el Senado rebajó el rango para dejarlo en el orden de 34 mil a 103 mil pesos (0,5 a 1,5 UTM).