Piñera fue notificado de la Acusación Constitucional en su contra y tendrá 10 días para presentar su defensa

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El plazo para hacer la entrega -personalmente o por escrito- vence el 28 de octubre, ya que no se cuentan domingos ni festivos.




Durante la mañana de este sábado, el Presidente Sebastián Piñera recibió la notificación de la Acusación Constitucional en su contra, en el marco de las revelaciones de los Pandora Papers que involucran al Mandatario en una millonaria compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas.

De acuerdo a la Constitución, y tras haberse ingresado la Acusación Constitucional el miércoles pasado, se debe notificar al acusado al tercer día de oficializado el libelo en el Congreso, plazo que se cumpliría hoy.

Fuentes confirmaron a La Tercera que la notificación ya está en manos del Presidente, por lo que ahora tendrá diez días -sin contar domingos ni festivos- para presentar su defensa, la que puede ser personalmente o por escrito. El plazo máximo es hasta el 28 de octubre.

Luego, la comisión revisora del caso -integrada por Florcita Alarcón (PH), Maya Fernández (PS), Pepe Auth (independiente), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (independiente-RN)- tendrá seis días para estudiar la acusación, determinar su postura y así poder presentarla ante la Cámara, aunque el informe que trabajen no será vinculante con la votación.

El texto acusatorio ingresado el miércoles -firmado por 15 diputados de la oposición y que consta de 99 páginas-, se funda en dos capítulos acusatorios: el primero por vulneración al “principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación” y el segundo por haber “comprometido gravemente el honor de la nación”.

La oposición concretó el libelo contra el Mandatario días después de que la investigación periodística internacional -Pandora Papers-, diera cuenta de la compraventa de la minera entre la familia del Presidente y Carlos Alberto Délano, cercano al Mandatario.

Según el reportaje, la tercera cuota a pagar por los Piñera Morel habría estado condicionada a que el sector no se declarara zona de exclusión. Antecedente que llevó a los parlamentarios del bloque opositor a impulsar esta acción constitucional, y al Ministerio Público a abrir oficio de investigación del caso.

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