La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Carolina Tello (FA), cuestionó los dichos de su par, Jorge Alessandri (UDI), respecto al caso de Bernarda Vera, mujer que formaba parte del informe Rettig como detenida desaparecida y que estaría viva en Argentina.

En una entrevista con Radio Cooperativa, Alessandri habría levantado sus dudas respecto a otros casos equivocados y posibles condenas erróneas.

“Si una persona que está en la lista de fusilados apareció viva… ¿Qué le dice a uno cuando aparece uno? Bueno, quizás pueden aparecer dos. Pueden haber personas condenadas por estas personas que van apareciendo y eso también sería injusto“, aseguró en el medio radial.

En ese sentido, para Alessandri existen otros casos de condenados por error. "No solamente en Punta Peuco, también en Santiago 1, en fin, en todas partes", afirmó.

Respecto a estas declaraciones, la parlamentaria frenteamplista por la región de Coquimbo mostró su rechazo a las dudas levantadas por Alessandri.

“Me parece que a propósito de un caso particular es profundamente irresponsable sembrar la duda en relación al trabajo de la judicatura, por cierto también a los comisionados del informe Valech, del informe Rettig, que me parece que han hecho un trabajo importantísimo en esclarecer la verdad y la justicia en nuestro país”, señaló al respecto.

Tello también defendió en su declaración el funcionamiento del Plan Nacional de Búsqueda desarrollado durante el actual gobierno.

“Debemos seguir haciendo con el Plan de Búsqueda del Presidente Gabriel Boric para dar respuesta a aquellas más de 1.400 personas que todavía no se pueden encontrar y sus familias siguen sufriendo, por cierto, esta ausencia. Creo que tenemos que seguir trabajando en aquello”, aseguró la diputada.

Además de sus declaraciones, Alessandri también cargó contra el actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, por su eventual responsabilidad en el tratamiento de la información en su tiempo como jefe de la cartera de Justicia. Por lo anterior solicitó, en conjunto al diputado Daniel Lilayu (UDI), a Contraloría investigar un eventual fraude por la entrega de beneficios a familiares de detenidos desaparecidos.