Lo que inicialmente se proyectaba como un desembarco técnico y ordenado en una de las carteras más relevantes del futuro gobierno ha terminado por transformarse en un foco de tensión política para el gabinete de José Antonio Kast. La nominación de Andrés Jouannet como futuro subsecretario de Seguridad ha abierto un flanco inesperado en “La Moneda chica”.

La urgencia se hizo evidente el pasado jueves en la Oficina del Presidente Electo (OPE), donde la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y su par de Defensa, Fernando Barros, sostuvieron una reunión estratégica. En la cita también participaron el senador electo Cristián Vial, el futuro titular de Obras Públicas, Martín Arrau, y funcionarios de Carabineros.

Ahí, uno de los temas que se abordó -aunque no fue el principal- fueron los vínculos del diputado con imputados en el caso tragamonedas, a raíz de sociedades que conformó en el pasado con ellos, que actualmente se encuentran inactivas.

Si bien en el equipo de Kast recalcan que estaban al tanto de esos antecedentes y que no revisten mayor gravedad, ya que nunca estuvieron activos (ya que inició actividades en el Servicio de Impuestos Internos), lo cierto es que este viernes el exabanderado libertario, Johannes Kaiser (PNL), volvió a instalar el tema.

El también timonel de ese partido calificó de “compleja” la continuidad del parlamentario de Amarillos.

“Nos parece muy complejo que esa nominación en seguridad, que es uno de los ejes más importantes del futuro gobierno, se mantenga. Por lo que nosotros vamos a observar con mucha detención la actividad del subsecretario en el futuro”, dijo en Radio Bio-Bio.

El blindaje de la OPE

Desde el entorno de José Antonio Kast la instrucción ha sido desdramatizar los cuestionamientos. Fuentes de la OPE insisten en que Jouannet ya entregó las explicaciones correspondientes antes de su confirmación y recalcan que se trata de una “polémica pasada”, asegurando que ya no mantiene vínculos con los empresarios cuestionados.

En esa línea, el diputado Andrés Celis (RN) aseguró que, tras la informción publicada, se realizó una segunda revisión que acreditó que las sociedades están “absolutamente inactivas” ante el Servicio de Impuestos Internos.

“Se hicieron todas las indagaciones y está acreditado que no hay actividad. Fue desprolijo, sí, porque él debe darle término a las sociedades para evitar justamente estas discusiones, pero lo importante es que no tiene relación con esas personas”, afirmó Celis.

Para la OPE, el flanco está cerrado técnicamente, sugiriendo que la insistencia de Kaiser responde a un “punto político” para marcar una “derecha más extrema” o “valiente” que actúe como oposición interna dentro del futuro oficialismo.

El flanco parlamentario

Pese a los esfuerzos de la OPE, el ruido persiste en el Congreso. El diputado electo Hans Marowski (PNL) se alineó con la preocupación de Kaiser, advirtiendo que en seguridad pública no puede haber sombras: “La subsecretaría es un cargo extremadamente sensible que requiere un estándar de probidad fuera de todo cuestionamiento. El problema ya dejó de ser estrictamente jurídico y pasa a ser político e institucional”.

En una sintonía similar, Pier Karlezi (PNL) exigió que Jouannet aclare formalmente la situación antes de analizar la conveniencia de su continuidad. “Sería importante que el diputado aclarara en la situación y diera las explicaciones correspondientes y una vez recibidas. Estas explicaciones se podrían analizar si es conveniente su continuidad o no en el futuro gabinete de José Antonio Kast”, indicó.

Incluso, Carlos Maldonado (Demócratas) advirtió en T13 Radio que “cuando hay ruido no hay que omitirlo” y que Kast deberá determinar si corresponde tomar una decisión.

En tanto, la diputada Ximena Ossandón (RN) descartó que la situación sea compleja.

“Doy por descontado que en la OPE analizaron estos antecedentes; él es una persona que sabe mucho de seguridad y el que diga lo contrario no conoce su trabajo”, dijo.

Por su parte, la diputada Gloria Naveillan (PNL) optó por blindar la figura del mandatario electo, señalando que la decisión es “100% del Presidente” y que no corresponde a los parlamentarios intervenir. “No me voy a estar metiendo, no me corresponde”, sentenció, marcando el límite de la autonomía legislativa frente a las designaciones del Ejecutivo.