La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) emitió este sábado una declaración pública en la que exige al Presidente Gabriel Boric entregar explicaciones claras y detalladas respecto de cuál es su relación con la Fundación ProCultura y su fundador, Alberto Larraín.

Esto, tras conocerse que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, solicitó ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta la autorización para intervenir el teléfono del Mandatario en el marco de una investigación por presunto financiamiento irregular de su campaña presidencial en 2021.

Desde la UDI demandaron que el jefe de Estado se pronuncie en un plazo no mayor a 48 horas sobre cualquier tipo de vínculo con la fundación, así como sobre su conocimiento o participación en los hechos que actualmente investiga el Ministerio Público. Además, solicitaron que se transparente la totalidad de la información financiera relacionada con su campaña electoral.

En el comunicado, los diputados gremialistas advirtieron que “las sospechas fundadas del persecutor” permiten inferir que el proceso electoral de 2021 podría haber estado marcado por “graves irregularidades”, las que deberán ser determinadas por la Fiscalía y los tribunales de justicia.

Asimismo, la bancada emplazó al Presidente Boric a instruir el retiro inmediato de la solicitud de remoción presentada por un grupo de parlamentarios oficialistas en contra del fiscal Cooper.

“De lo contrario, se instalará fundadamente en la opinión pública la percepción de que dicho requerimiento no buscaba cuestionar algunas de las diligencias que ha llevado adelante el persecutor, sino más bien obstaculizar una investigación que involucra directamente al actual Mandatario”, señala el texto.

Por otro lado, la UDI hizo un llamado a los demás candidatos y precandidatos presidenciales a exigir una respuesta clara del Presidente y a comprometerse con una investigación “transparente, exhaustiva, rigurosa y libre de presiones políticas”.

Cabe señalar que para este sábado a las 10.00 estaba fijado un encuentro en la sede de la colectividad por parte de Chile Vamos, donde se reunirán con abogados penalistas para abordar los antecedentes que se han conocido del caso y evaluar eventuales acciones a seguir.