Vicepresidente de la Convención despeja dudas: “El borrador es lo que es y no hay más temas de fondo que puedan incorporarse en la discusión”

Foto: Agencia Uno.

Desde Antofagasta, Gaspar Domínguez precisó que la comisión de Armonización debe proponer alternativas en caso de que el texto presente contradicciones o incoherencias, por lo tanto, “puede ocurrir que la discusión establezca que un problema de coherencia pueda o deba resolverse con alguna materia que toque un tema de fondo”.




Finaliza la semana regional de la Convención Constitucional en Antofagasta y es por eso que el vicepresidente del órgano, Gaspar Domínguez, estaba a minutos de iniciar las actividades del día: hoy está programado un pleno de cierre donde la comisión de Participación hará un balance con los hitos de la semana y, también, un acto cultural de cierre (con el himno nacional y la bandera incluidos).

Sin embargo, el convencional se dio unos minutos -antes de partir a las actividades- para conversar con Teletrece Radio en lo que se ha denominado la recta final del proceso constituyente esto luego de la presentación del primer borrador y por el comienzo del trabajo de las comisiones Armonización, Preámbulo y Normas Transitorias.

En ese marco, fue consultado por si es que es posible que alguna norma que haya sido rechazada en el pleno que no esté en el borrador, se podría incluir durante el periodo de trabajo y correcciones que harán estas tres comisiones -como por ejemplo, el Estado de Emergencia-.

Al respecto fue categórico: “El borrador es lo que es y no hay más temas de fondo que puedan incorporarse en la discusión”, eso si precisó que la comisión de Armonización “tiene la tarea de proponer alternativas para superar eventuales contradicciones o problemas de coherencia. Entonces puede ocurrir que la discusión establezca que un problema de coherencia pueda o deba resolverse con alguna materia que toque un tema de fondo”.

Reiteró que “no se pueden reponer materias que hayan sido cerradas, salvo que se considere que existe un problema de coherencia” pero que en caso de que ocurra esa situación “la regulación será en el fondo interna en la propia comisión a través de la deliberación y la votación que se dé en ella”.

Otro de los temas que abordó fue el periodo de transición -en caso de que se apruebe el texto- y la alerta de que una eventual nueva Constitución se transforme en “letra muerta”, esto vinculado al rol que cumpliría el Congreso al momento de tramitar determinadas leyes con el objetivo de materializar lo que está en el borrador.

“El diseño de la transición que permita pasar de la vieja Constitución a la nueva Constitución es un diseño que es muy complejo, que tiene muchas variables no solo políticas o jurídicas, sino también presupuestarias y de otra naturaleza”, expresó Domínguez por lo que afirmó que se tiene que diseñar y proponer una transición que sea “lo suficientemente rápida, que permita que las personas puedan reconocer los cambios y el impacto en su vida, pero también lo suficientemente paulatina para que las cosas puedan instalarse progresivamente”, marco en el que se establecerían tareas y periodos.

¿Qué pasa si no se cumple en el periodo de tiempo determinado? comentó que eso podría resolverse de forma reglamentaria. “Es decir, que el propio Ejecutivo -a través de aplicaciones de reglamento o de elementos que vengan del propio poder Ejecutivo- pueda iniciar la implementación de algunas materias, pero es una discusión que está recién iniciándose”.

Finalmente habló sobre respetar los plazos de las autoridades electas en ejercicio. “Sostengo que el período de los próximos cuatro años -es decir, el periodo que corre para diputados, alcaldes, gobernadores, consejeros regionales- yo suscribo que esto debe respetarse dado que las personas que eligieron a sus autoridades por ese período deben poder permitir que las autoridades que eligieron lo finalicen”.

Agregó que en el caso de la mitad de los senadores les quedarían cuatro años más -a partir del 2026- “yo personalmente considero que esos cuatro años más serían demasiado tiempo para iniciar la transición, y probablemente la Cámara de las Regiones tendría que implementarse en los próximos cuatro años (...), es razonable que al menos cumplan los primeros cuatro años”.

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