Segunda discusión y aplazamiento de votación. Esas son las principales maniobras dilatorias que han frenado la tramitación del proyecto de ley de reforma electoral, que establece una sanción de 0,5 a 5 UTM (desde $ 32 mil a $ 340 mil aproximadamente).

Sin embargo, a raíz de unas indicaciones que había presentado el gobierno en relación a limitar la participación de los comicios presidenciales a los extranjeros, la discusión de este proyecto se vio entrampada.

Este se ha convertido en un importante nudo del proyecto, desde donde ambos sectores se han acusado de estar legislando con la calculadora en la mano, en pleno año electoral.

Con ese cuadro, los senadores miran una modificación a la ley migratoria como un posible camino que le dé viabilidad a la reforma electoral.

Estas, dicen relación con establecer mayores requisitos para que los extranjeros puedan votar, entre ellos, cinco años de residencia definitiva y que el ingreso al país haya sido de manera legal, factor que desde la derecha consideran relevante.

Lo aprobado por la Comisión de Gobierno Interior, y que ya se encuentra en la sala del Senado hace varias semanas, establece que la falta por no votar será sancionada con multa a beneficio municipal de 0,5 a 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre $ 34 mil y 340 mil. Incluso, los senadores acordaron doblar la sanción en caso de reincidencia en las dos últimas elecciones.

Con el corazón del proyecto aprobado, los senadores pasarán a su discusión en particular y quedará a disposición de la Cámara de Diputados.

La pelea cuesta arriba del oficialismo

Agotados los recursos reglamentarios para dilatar la votación del proyecto, el oficialismo se enfrenta a una iniciativa que mira con distancia. Y así se ha dejado ver en el paso que tuvo por la comisión de Gobierno.

La Moneda había presentado una serie de indicaciones al proyecto, con el objetivo de limitar la participación de extranjeros en los comicios presidenciales. Sin embargo, en base a un criterio técnico del secretario de la comisión, Juan Pablo Durán, las observaciones del Ejecutivo terminaron por caerse. El argumento entregado por el funcionario, es que los artículos que buscaba introducir el gobierno se escapaban de las ideas matrices del proyecto.

Si bien el gobierno podría reclamar la calificación en la sala, es decisión del presidente del Senado determinar si revierte la inadmisibilidad, además de que la decisión se basaba en un criterio jurídico-técnico y no necesariamente político.

Con esa puerta cerrada, esta ofensiva de La Moneda para limitar el voto de los inmigrantes, que en las próximas elecciones llegaría a un millón de electores, en la práctica ya murió.

En subsidio, la alternativa que tendría el gobierno sería presentar un proyecto nuevo para abordar la problemática del sufragio de los extranjeros, que todos los sectores políticos admiten que es un anomalía en el concierto internacional.

El financiamiento: el dolor de cabeza para La Moneda

El problema adicional del Ejecutivo es que al fijar una multa que fortalece el carácter obligatorio del voto -principio reincorporado en 2022 en la Constitución-, el Fisco inevitablemente tendrá que destinar más recursos para financiar campañas y partidos políticos.

La razón es que el financiamiento de la política -que se reguló en 2017 para terminar con las donaciones de empresas y los aportes ilegales- se sustenta en una contribución fiscal calculada por los votos emitidos en cada elección de diputados.

Este financiamiento fiscal tiene dos vías:

Primero, los reembolsos por gastos de campaña, que el Estado paga a través del Servicio Electoral. Este año se pagarían cerca de 1.560 (0,04 UF) por cada voto obtenido a los candidatos y otros $ 580 (0,015 UF) a los partidos que llevaron a esos postulantes.

Segundo, el otro pilar de ingresos es un aporte permanente que el Fisco entrega a los partidos. El monto proviene de un fondo común, estimado igualmente por el número de votos obtenidos por los partidos.

El problema de Marcel es que cuando partió este sistema de financiamiento de la política, el voto era voluntario y la participación apenas llegaba al 50% del padrón (menos de siete millones de electores). Sin embargo, con los últimos procesos electorales con voto obligatorio, la concurrencia a las urnas ha superado el 84%, con más de 13 millones de votantes.

Incluso anticipándose ese mayor desembolso, el año pasado Hacienda tuvo que pedir al Congreso que pusiera un techo transitorio para que las platas políticas no presionaran el gasto público. Los partidos aceptaron a regañadientes, pero solo temporalmente por las elecciones regionales y municipales.

A fin de año, con la nueva obligatoriedad y el crecimiento poblacional, incluyendo a los migrantes habilitados para sufragar, los votantes podrían incluso duplicar la cantidad de personas que participaron en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias. Por lo tanto, ello redundaría en un mayor desembolso fiscal.

En el gobierno son conscientes de que rebajar el valor del voto, por concepto de reembolsos, será más difícil este año, ya que un eventual recorte afectaría a senadores y diputados. Y son ellos mismos los que tendrían que aprobar en el Congreso esa rebaja.

¿Cuán pesada saldría la cuenta para Marcel? Ese dinero no está calculado aún, sin embargo, para cubrir la elecciones parlamentarias y presidenciales de 2017 -que son el precedente de los comicios de este año-, el Fisco destinó más de $ 59.832 millones (en valores de ese año) para cubrir los reembolsos. Por lo tanto, si los votantes se duplican, lo lógico es que Hacienda también tenga que doblar el monto, con el respectivo reajuste real (estimado en UF) para el próximo año (las devoluciones se pagan en la siguiente Ley de Presupuesto).