Consejo Fiscal Autónomo recomienda al gobierno asumir que “parte relevante” de los ingresos fiscales por litio es transitoria

El informe de ejecución presupuestaria de diciembre detalló que los ingresos por rentas de la propiedad subieron 503% ($3.641.665 millones). Esto se explicó por el crecimiento en la recaudación de Corfo en la partida del Ministerio de Economía producto de los contratos de explotación de litio con SQM y Albermarle. A ello se suma el alza de 23,7% de la tributación de la gran minería privada (GMP10). Así los Ingresos Tributarios Netos tuvieron un crecimiento real anual de 9,6%.

Precisamente para analizar cómo el fisco podría incluir en la regla fiscal los ingresos por el litio, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó hoy un informe titulado “Reflexiones sobre los desafíos fiscales del litio en Chile”.

Según explica el organismo, este análisis se realiza a raíz del significativo aumento de los ingresos fiscales por litio durante el último tiempo. “Entre 2015 y 2022, el precio del litio se multiplicó por cuatro y los volúmenes exportados por Chile más que se duplicaron”, dice el documento.

Así, en base a estimaciones entregadas por Corfo, el CFA realizó una estimación de los ingresos fiscales totales por litio en 2022 en torno a US$5.000 millones. Esta cifra correspondería a 1,6% del PIB y a 6,4% de los ingresos fiscales totales. En su reporte, el Consejo recalca que los ingresos fiscales por litio no se publican individualizados en las estadísticas oficiales, por lo que esta estimación es una aproximación preliminar.

En este informe, el CFA plantea necesario definir cómo debe tratar el Fisco los ingresos por litio de manera sostenible en el largo plazo, considerando que tienen un componente potencialmente transitorio. Esta situación cobra importancia para el CFA, considerando que la regla fiscal de Balance Estructural chilena contempla que se realice un ajuste cíclico en los ingresos según el comportamiento de dos variables: el PIB y el precio del cobre.

Esto implica que se debe ahorrar cuando el PIB y/o el precio del cobre están por sobre sus valores de largo plazo, como una forma de compensar los menores ingresos que se perciben en los períodos de menor actividad económica y/o de menor precio del cobre. Sin embargo, el CFA sostiene que “la regla fiscal no contempla un ajuste cíclico ad- hoc en el caso de los ingresos que provienen del litio, por lo que esos recursos, potencialmente transitorios, son en su gran mayoría considerados como ingresos estructurales y, por lo tanto, podrían destinarse a financiar gastos permanentes”.

Como primera recomendación, el CFA subraya que “la Dipres no publica información regular que individualice los ingresos provenientes del litio, por ejemplo, al momento de mostrar la descomposición de los ingresos fiscales totales”. Por lo mismo, el Consejo recomienda que la Dipres publique información de estos ingresos con la misma periodicidad de sus Informes de Finanzas Públicas, y que lo haga de forma desagregada incluyendo los ingresos generados por los impuestos a la renta e impuestos específicos a la minería y los que se generan a través de rentas de arrendamiento a Corfo.

El segundo desafío central para la sostenibilidad fiscal, es el posible carácter transitorio de los ingresos por litio. Esta situación, dice el CFA, plantea dos riesgos: que los mayores ingresos sean completamente transitorios, esto es, que se extiendan por pocos años y luego se acaben o queden en un nivel muy bajo y que los mayores ingresos por litio se mantengan por varios años, pero que tengan un componente cíclico que el gobierno no esté considerando en el cálculo de sus ingresos estructurales al aplicar la metodología de Balance Estructural vigente.

De esta forma, “por criterio de prudencia y buenas prácticas de gestión de riesgos, el Consejo recomienda asumir que una parte relevante del aumento que están experimentando los ingresos fiscales por litio es transitoria. Esto implica actuar con cautela y destinar a ahorro -o a pago de deuda- un componente importante de estos mayores ingresos”, indica el informe.

El organismo dice que un tercer desafío es la falta de un ajuste cíclico ad hoc en la regla fiscal de Chile para los posibles ingresos transitorios por litio. A raíz de lo anterior, el CFA advierte que estos recursos podrían ser comprometidos para financiar gastos permanentes, lo que generaría un riesgo para la sostenibilidad fiscal. Por ello, el CFA recomienda aplicar una regla que permita establecer objetivamente una parte transitoria de dichos ingresos.

“Una opción muy simple, es que en la metodología de Balance Estructural se determine que los ingresos fiscales por litio -como porcentaje del PIB- que se ubiquen sobre cierto umbral, fuesen considerados como transitorios. El Consejo recomienda definir y aplicar como parte de la regla una metodología de este tipo para el año en curso”, dice el informe. Lo anterior, sin desmedro que se pueda seguir estudiando una metodología más precisa de ajuste cíclico de los ingresos fiscales por litio, idealmente para ser aplicada en la Ley de Presupuestos para 2024.

El cuarto desafío identificado tiene relación con el destino de los mayores recursos fiscales por litio. Al respecto, el CFA señala que el componente estructural de dichos recursos puede destinarse a gasto corriente o de capital, según las prioridades de política pública. Por su parte, los ingresos transitorios deben destinarse a aumentar activos financieros o disminuir o emitir menos deuda pública. Además, el Consejo señala que “se debe tener en cuenta que sólo un aumento de los activos financieros del Tesoro Público implica una mejora en el concepto de deuda neta”, efecto que no se logra al destinarse recursos a los llamados “otros requerimientos de capital”.

Finalmente, el quinto desafío se refiere a que parte de los ingresos de Corfo por litio no se canalizan por la Ley de Presupuestos. En particular, sostiene el CFA, hay asignaciones que van directamente al desarrollo regional, a comunidades indígenas y a proyectos de I+D que propone Corfo. En este sentido, el Consejo considera que en futuros contratos entre Corfo y empresas privadas, los ingresos deberían someterse a normas generales de asignación y rendición de cuentas que garanticen una adecuada transparencia respecto de su administración y utilización posterior.