El nombre de Julio Ponce Lerou está íntimamente asociado a la historia de SQM. Presidente de la empresa desde 1987, se transformó más tarde en su controlador y siguió a la cabeza de la compañía hasta 2015, cuando el escándalo de las platas políticas terminó con él fuera del directorio. Fueron 28 años.

Pero aquella ausencia de SQM se transformó en una obligación contractual a inicios de 2018, cuando Corfo, entonces al mando de Eduardo Bitran, exigió a SQM la exclusión de Ponce y parientes de participar en el gobierno corporativo de la empresa hasta 2030, a cambio de otorgar mayores cuotas de explotación de litio a la compañía en el salar de Atacama. El acuerdo expuesto por Corfo a comienzos de 2018 establecía que “el actual controlador Julio Ponce Lerou y sus relacionados hasta el segundo grado de consanguineidad no podrán ser directores ni ejecutivos de SQM y sus filiales”.

No te pierdas en Pulso

El acuerdo entre SQM y Codelco no innova en esas prohibiciones, las que se mantienen vigentes hasta 2030. Así respondió Corfo a Pulso, sobre la materia. “El Acuerdo de Gobiernos Corporativos de SQM S.A. de diciembre de 2017, que contiene los compromisos y obligaciones del Grupo Pampa con Corfo, dentro de las cuales se encuentra la restricción de participación del señor Julio Ponce Lerou, se mantiene vigente”, respondió Corfo. El ingeniero forestal cumplió 78 años en noviembre y para 2030 tendrá 85 años.

“Lo anunciado ayer es un Memorandum de Entendimiento entre Codelco y SQM para la creación de una nueva empresa, en conformidad al mandato entregado por Corfo a Codelco. La materialización de esta nueva empresa requiere diversos pasos que, según han informado las partes, se irán cumpliendo durante 2024″, agregó la entidad sin entrar en detalles.

Pero hoy en la mañana, José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, se refirió más extensamente al asunto en una entrevista en radio ADN. Benavente recordó que el bloqueo al antiguo controlador de SQM surgió de la renegociación de los contratos entre Corfo y SQM en 2017, cuando Eduardo Bitran, entonces vicepresidente ejecutivo de la agencia estatal, consiguió dichas cláusulas en medio de los cuestionamientos hacia la minera privada por el financiamiento irregular a la política.

Al respecto, comentó que “obviamente todas las cláusulas siguen siendo válidas, por lo tanto, respecto a la participación de algunas personas dentro del directorio y los vetos en el fondo, siguen siendo válidos hasta el 2030″. En esa línea, y respecto del entendimiento alcanzado para extender el contrato a la firma hasta 2060, agregó que “lo que nosotros hemos pedido en el fondo es que el espíritu que hay de los contratos a 2030 se mantenga del 2031 para adelante, así que obviamente esperaría que eso (inhabilidad de Ponce Lerou) se mantuviera igual, así que no veo ningún problema con respecto a esa dimensión”.

Consultado si dicho bloqueo también incorpora a la familia Ponce Lerou, Benavente dijo: “Sí, de todas maneras. Recordar que el proceso que definimos con Codelco de 2031 para adelante es en el espíritu mantener más o menos lo mismo que tenía el contrato vigente hasta 2030, y todas sus cláusulas, no solamente la que se menciona, sino también por ejemplo la compensación a los pueblos originarios, el gasto en investigación y desarrollo, las compensaciones a municipalidades y gobernación”, añadió Benavente.

El jueves, un día después de anunciado el acuerdo, el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA) cuestionó el pacto y acusó que se hizo a espaldas de las comunidades. Benavente respondió que el anuncio se refiere a un memorándum de entendimiento y no a un contrato formal, el que seguirán negociando durante 2024 ambas compañías.

“Yo tengo una visión diferente. Hasta donde entiendo, porque yo no participé, el CPA (...) se juntó previamente tanto con SQM como con el presidente de Codelco, acordaron un memorándum entre ellos, en que entiendo es un proceso de participación más activa, más allá de lo que pide la reglamentación vigente”, comenzó reflexionando.

Agregó que dicha mesa tripartita fue fruto de “un acuerdo que es público, en los cuales iban a participar activamente en el diseño de los siguientes pasos”. En esa línea, enfatizó que “el compromiso que hay es que justamente se van a sentar con las comunidades a discutir cómo vienen los siguientes pasos”, previo a la firma del contrato.

“Este es el inicio de un proceso y no el término de un proceso”, graficó.

Con todo, Benavente subrayó que la firma final del contrato que regirá el período a partir de 2031 deberá contar con un proceso de consulta indígena. “El Consejo de la Corfo lo que de alguna manera anunció es que esto no se va a firmar del punto de vista de la Corfo, hasta que no se haga la consulta indígena, y además tiene que aprobarse por Contraloría. O sea, hay un sinnúmero de pasos que todavía faltan en el proceso y que son tremendamente importantes”, remarcó.