La columna de Mauricio López: Impuestos verdes al ruedo

Actualmente son pocos quienes argumentan en contra del cambio climático y las políticas para la preservación del medioambiente. Entran al ruedo, entonces, los “impuestos verdes”, cuyo foco no es solo la recaudación fiscal, sino —quizás lo más relevante— corregir una externalidad negativa o un efecto nocivo sobre el medio ambiente. Como herramienta económica para la gestión ambiental, buscan valorizar las externalidades ambientales negativas que producen individuos o empresas, estableciéndose luego una determinada tasa. La OCDE define los impuestos ambientales como aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene impacto negativo, comprobado y específico sobre el medio ambiente. La lógica de la definición OCDE es “quien contamina paga.

Los impuestos verdes fueron parte de la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet, que introdujo vía la Ley 20.780, un gravamen a las emisiones al aire de material particulado y gases nocivos, producidos por calderas o turbinas con potencia térmica mayor o igual a 50 MWT. Su objetivo era contribuir a la reducción de la contaminación local y global. Pero el impuesto verde también ha permitido que, desde abril 2018, ingresaran a las arcas fiscales montos que bordean más de US$ 100 millones anuales. 95% del total del impuesto es pagado por centrales termoeléctricas (68% provino de centrales térmicas a carbón), lo cual refleja que, en principio, la lógica del impuesto se cumple, si bien la ley deja fuera algunas fuentes de emisión.

Ahora bien, en el contexto del anuncio de reformas tributarias, cabe recordar que el programa del actual presidente Gabriel Boric, dedica un punto a corregir el impuesto verde. Así, propone aumento del pago por CO2 y que se amplíen las actividades gravadas (como al cambio de uso de suelo) , entre otras medidas.

El programa presidencial también sugiere corregir la ley para que las empresas de energía renovables no convencionales no tengan que pagar parte del impuesto y subrayan la necesidad de fomentar la comercialización de energía renovable. El último punto es de absoluta relevancia, pues el actual impuesto verde no se considera como “costo marginal” a efectos del despacho de energía desde las generadoras eléctricas al Sistema Eléctrico Nacional. Aquellas generadoras eléctricas cuyo costo total unitario sea mayor o igual al costo marginal, deben recibir una compensación por el impuesto pagado. En la práctica, lo anterior económicamente ha derivado en que las empresas de energías renovables terminan pagando parte del impuesto situación que el programa del presidente Boric pretende corregir.

¿Qué esperar de un nuevo impuesto verde bajo el actual gobierno? Si se quiere recaudar y a la vez corregir una externalidad negativa, es probable que el futuro pacto tributario del gobierno considere un impuesto verde algo más elevado que el actual —para aumentar la recaudación e incentivar la reducción de emisiones—, agregando además nuevas fuentes de emisión afectas y buscando, activamente, la protección del medio ambiente y de la salud humana, también mediante el fomento del uso de tecnologías más limpias por parte de la Industria.

El real desafío no solo será corregir las distorsiones del sistema actual, sino conseguir un equilibrio entre las necesidades energéticas y desarrollo de nuestro país por medio de la inversión – que se debe fomentar y garantizar- y la naturaleza misma del impuesto. Ello, sin olvidar la adecuada armonización que debe existir dentro del ordenamiento, evitando nuevas distorsiones que supongan una carga tributaria indeseada para activos u energías limpias.

* El autor es Socio Recabarren & Asociados