Swell: decretan medidas cautelares sobre propiedades y cuentas corrientes de Octavio Gamboa

El juzgado accedió a la petición del fiscal Felipe Sepúlveda respecto de dictar cautelares sobre terrenos, un departamento y varios autos de propiedad de Gamboa e Inversiones Boris. Los aportantes de los fondos afectados valoraron la medida, pero insisten en que Sartor debe asumir su responsabilkidad.


Mientras los aportantes de la fallida Swel Capital continúan su arremetida en busca de una compensación por parte de Sartor, en la arista penal el persecutor muestra avances en la causa.

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago accedió ayer a la petición realizada por el fiscal Felipe Sepúlveda y dictó medidas cautelaras sobre una serie de propiedades y cuentas bancarias pertenecientes a Octavio Gamboa y su sociedad Inversiones Boris, mediante la cual el autodenunciado cometió los delitos.

Así, el juzgado decretó la “medida cautelar real de prohibición de celebrar actos y contratos”, respecto del Lote Nro 81 de la subdivisión del resto del Fundo La Cumbre, ubicado en el sector La Fábrica, comuna de Puerto Varas; casa ubicada en calle Lo Beltrán, en Vitacura; inmueble rural, ubicado en Natri, comuna de Chonchi, signado como la Parcela; dos sitios en el condominio Punta Puertecillo, comuna de Litueche, y departamento N° 301 con entrada por calle Alonso de Monroy N° 3050.

La misma orden se dictó respecto de dos vehículos marca Chevrolet, uno marca Jeep, y cuatro acciones en Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francés, a nombre del imputado Octavio José Gamboa Fernández, además de los derechos sociales del imputado en la sociedad Inversiones Boris Limitada.

Adicionalmente, el juzgado decretó “la medida cautelar real de retención” de la cuenta corriente en Itaú, Santander y BancoEstado de Gamboa, y las cuentas corrientes de Inversiones Boris en Banco de Chile y Santander.

Mediante una declaración, los aportantes de los fondos Intra Trade y Norswell, señalaron que “vemos como un buen primer paso las medidas cautelares decretadas sobre las propiedades de Octavio Gamboa, por lo que ahora corresponde que el directorio y socios de Sartor asuman su responsabilidad fiduciaria, legal y ética para con los aportantes. En esta industria operan códigos éticos que son los que hacen la diferencia entre quienes construyen reputación y se ganan el respeto de sus pares, versus quienes prefieren desconocer su responsabilidad legal, sacrificando a sus propios clientes. Y a juzgar por las lamentables declaraciones del abogado de Sartor, es evidente que Sartor optó por el camino de desconocer los contratos y su responsabilidad, atentando contra la fe pública del mercado financiero y sus propios clientes”.

Para Catalina Navarro, abogada de Patricio Amunátegui, aportante de Swell Capital, “la importancia de la medida cautelar decretada es que se asegura el cumplimiento de la responsabilidad civil derivada del delito por parte del principal imputado en el caso, respecto de lo que él ha declarado como el total de su patrimonio, el que incluye bienes raíces, automóviles, acciones, participación en sociedad y saldos de dinero en cuentas corrientes”, pero esta “no es suficiente para cubrir las pérdidas sufridas por las víctimas de los FIP en este caso, por lo que los demás responsables, socios de Swell y representantes de Sartor, deben resarcir a los aportantes en el monto que no se alcance a cubrir con los bienes cautelados, cumpliendo con lo que esperan los aportantes que en ellos confiaron y para tranquilidad del mercado”.

El fiscal Sepúlveda había realizado la solicitud aludiendo a que “todos los bienes objeto de la presente solicitud de medidas cautelares reales están relacionados en propiedad sea en forma directa, como indirecta con el imputado Octavio José Gamboa Fernández, quien es titular del 99,9% de las acciones de Inversiones Nola SpA y del 90% de los derechos sociales de Inversiones Boris Limitada. Es más, de hecho la operación de ambas sociedades está precisamente relacionada de forma estrecha con el fraude materia de la presente investigación”.

En todo caso, en su presentación explicó que el valor comercial de los bienes en conjunto no excede el perjuicio irrogado a las víctimas de esta causa, el que de forma preliminar ha sido avaluado en unos $7.039 millones.

“El día 20 de julio de 2021 el imputado Octavio Gamboa Fernández prestó declaración en la causa en el Ministerio Público, en presencia de sus abogados. En dicha ocasión ratificó lo señalado en su autodenuncia, indicando expresamente que pone todos sus bienes a disposición de la investigación, con el fin de resarcir en parte a las víctimas”, dice la presentación del fiscal.

Por último, argumentó que “es la única forma de asegurar que se pueda hacer efectiva la altamente probable responsabilidad civil que se llegue a establecer respecto de Octavio Gamboa, es precisamente cautelar los bienes de su propiedad y de sus sociedades relacionadas”.

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