“Se hace inevitable asumir que nuestro Agente (el abogado Manuel Díaz de Vadés), mandatorio y representante de COLLOSA (Construcciones y Obras Llorente), retenía inexcusablemente valores de propiedad de la Compañía por más de 230 millones de pesos”, se lee en la demanda interpuesta en el 11° Juzgado civil de Santiago contra el abogado, ex presidente de Cruzados y actual director de una de las sociedades Cascada de SQM, Potasios, y socio del estudio Poduje y Cía, Manuel Díaz de Valdés.

La medida judicial, que derivó en la retención de dineros en diferentes cuentas corrientes de Díaz de Valdés, así como la prohibición de “celebrar actos y contratos sobre el inmueble de propiedad del demandado” es la segunda de la empresa luego de interponer una querella contra el abogado, quien entre septiembre de 2011 y abril de este año actuó como agente en Chile de la inmobiliaria.

Según detalla el documento, se imputa al abogado el haber ordenado el cobro de cinco vale vistas (VV) de la compañía por $49 millones cada uno y que se encontraban bajo su custodia.

Al ser consultado respecto de la veracidad de lo que se le imputa, Manuel Díaz de Valdés respondió que “COLLOSA me entregó vale vistas porque quería que estos dineros no estuvieran en su cuenta corriente, ya que podían ser embargados por terceros acreedores, ante los cual usando las facultades de administración que tenía, decidí liquidarlos a través de la agencia de valores con que trabajaba en la época (Free Capital), tenerlos en mi poder y ponerlos a resguardo de posibles embargos”.

La acción civil contra el profesor de la Universidad de los Andes, detalla que a fin de preparar el pago de obligaciones derivadas de un arbitraje propio del giro, en septiembre de 2015 el demandado y María Teresa Cavieres -empleada de Collosa en Chile- instruyeron al Banco Santander la emisión de un VV endosable a nombre de la compañía por $230.735.400, el cual posteriormente (5 de octubre) fue reemplazado por cinco nuevos VV equivalentes al monto antes referido.

Asimismo, la demanda civil interpuesta por el estudio Loy Letelier Campora en representación de Collosa, agrega que “una vez emitidos, los VV quedaron bajo custodia del entonces Agente, los cuales a fines de febrero de este año Collosa instruyó desde España al demandado para que, contra dos de los VV, obtuviese la emisión de uno nuevo por la suma de $75.000.000 (...) El demandado se comprometió a obtener a la máxima brevedad este nuevo vale vista”, pero “a partir de este punto, sin embargo, comenzó un increíble espiral de pretextos y excusas, a través de los cuales el demandado intentaba explicar su inexcusable demora”.

Al respecto, Díaz de Valdés comenta que “Collosa se había ido intempestivamente del país sin dejar resueltos sus compromisos tributarios, laborales, judiciales, de honorarios profesionales, y otros, y me enteré que tenían varias causas judiciales en España por casos de corrupción, por lo que me avoqué a dimensionar la magnitud de las deudas que habían dejado en Chile, siendo estas varias veces superior a la cantidad en cuestión”.

Tras varias excusas, como viajes repentinos, agrega el escrito, “el viernes 18 de marzo los pretextos de Manuel Díaz de Valdés experimentaron una drástica inflexión, súbitamente habría recordado que los VV en realidad no estaban en la caja fuerte de su oficina, sino que en una caja de seguridad del Banco de Chile, donde los habría trasladado como supuesta medida de seguridad”, y agregó que ni él ni la constructora eran los titulares de la caja, sino que “el señor Jaime Estévez (ex presidente de la Cámara de Diputados, ex Ministro de Obras públicas, ex Presidente de BancoEstado y Cruzados S.A.)”.

Frente a su negativa a entregar información respecto del paradero de los documentos, el abogado indica que “cuando me di cuenta que no tenían intensiones serias de pagar sus deudas, decidí darle evasivas mientras veía cómo resolver la situación, ya que era yo quien había firmado los contratos y declarado que tenían bienes suficientes para responder”.

El cobro

El 28 de marzo de este año, Collosa consultó a Banco Santander el estado de los VV, recibiendo como respuesta que todos los documentos habían sido cobrados en octubre y noviembre de 2015, inmediatamente después de su emisión: quienes cobraron los vale vista fueron: Marcelo Lizama Valdebenito; Marco Olguín Ramírez; Inversiones Intervalores Capital Ltda. -relacionada a Miguel Urenda, contra quien la SVS inició un proceso sancionatorio por, entre otros motivos, dar antecedentes falsos sobre la liquidez de la corredora y su patrimonio. Sin embargo ese vale vista no pudo ser cobrado y  lo endosó de vuelta  a Marco Antonio Olguín Ramírez.

Olguin trabaja como junior para Free Capital, que tiene como  socio mayoritario a Patricio Zepeda Saavedra, quien en 2009 fue condenado a 3 años y un día de presidio por el delito de lavado de activos.

La contrademanda

Díaz de Valdés asegura que contrademandó a Collosa, “solicitando previamente al tribunal que les exija aclarar por qué no han procedido mediante el juicio de rendición de cuentas que es lo que en derecho corresponde, siendo claro que evitan ese camino, porque saben que saldrán con un saldo negativo”.