La denominada Megarreforma incorporó modificaciones regulatorias en prácticamente todos los aspectos, incluida la Ley de Propiedad Intelectual, con un cambio al proyecto que está actualmente en tramitación en el Congreso.

La propuesta del gobierno de José Antonio Kast apunta a crear una excepción de la norma en materia de derechos de autor, de forma en que se permita el uso de obras publicadas para análisis estadístico a gran escala, sin necesidad de remunerar ni avisarle al titular. Esto “siempre que no constituya una explotación encubierta de la obra protegida”, expuso el titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

Dentro de los fundamentos que expuso el ministro, es para poder permitir el entrenamiento de inteligencia artificial. La ley, como fue planteada en primera instancia, “dificulta el desarrollo de la IA en nuestro país”, advirtió.

El presidente de la Alianza contra la Piratería Digital, Rodrigo Ramírez, señaló que “entendemos que esta disposición pudo haberse incorporado con el objetivo de fomentar la innovación tecnológica, pero sus efectos colaterales son significativos y deben abordarse con responsabilidad. En la práctica, habilita el uso extensivo de contenidos protegidos —audiovisuales, musicales, periodísticos y digitales— sin mecanismos claros de control, trazabilidad ni compensación para quienes los crean, producen o distribuyen. Esto implica un debilitamiento de la propiedad intelectual”.

Ramírez agregó que “desde la perspectiva de la lucha contra la piratería digital, esta norma introduce una señal contradictoria. Mientras el país busca fortalecer la protección de los derechos de autor y combatir el uso ilegal de contenidos, una excepción de esta amplitud puede debilitar ese marco y abrir espacios donde usos no autorizados queden amparados bajo categorías difíciles de fiscalizar”.

Desde la alianza apuntan a que las principales economías del mundo están trabajando en poder compatibilizar el desarrollo de la IA con la protección de los derechos de autor, “mediante licencias, acuerdos con titulares de contenido y mayores estándares de transparencia en el uso de datos”, enumeran. En ese sentido, advierten que la propuesta del gobierno podría afectar la competitividad del país, debilitar a los creadores, y a las industrias culturales nacionales.

Así, hicieron un llamado a revisar la propuesta, para incorporar resguardos claros en materia de autorización, trazabilidad y compensación. La alianza manifiesta que preferirían que se separe esta discusión del proyecto de reconstrucción para que se aborde en el marco legislativo de la inteligencia artificial o la propiedad intelectual.

“Chile necesita avanzar decididamente en inteligencia artificial y economía digital, pero ese desarrollo debe construirse sobre bases regulatorias equilibradas, que promuevan la innovación sin debilitar la protección de los derechos de autor”, concluyó la agrupación.