Cambio a Carta Fundamental copa agenda de los abogados constitucionalistas

Las últimas dos semanas han sido intensas para el mundo constitucional. Previo al plebiscito del 25 de octubre, gremios y empresas estuvieron muy activos consultando detalles del proceso que el país iniciará y que fue apoyado por el 78% de los chilenos. Pero el mercado de los abogados expertos en derecho constitucional seguirá al alza, pues quedan dos años de debate y de seguimiento de los pasos que dará la convención constituyente.




Consultas de empresas, presentaciones a directorios y redacción de Informes en Derecho. Esas son las labores que están copando las agendas de los abogados constitucionalistas ante los futuros cambios que sufrirá la actual Carta Fundamental chilena. El rotundo apoyo del 78% que tuvo el Apruebo en el reciente plebiscito y el casi 79% que tuvo la opción de convención constitucional el pasado 25 de octubre, es la prueba de que las actuales reglas del juego en que se ha movido el sector empresarial, cambiarán. La preocupación incluso ha traspasado las fronteras, pues algunos expertos han tenido que dar charlas en Washington, Estados Unidos, donde participaron importantes inversionistas nacionales, ante la incertidumbre que genera el proceso constitucional que vivirá Chile durante 2021 y 2022.

Los nombres que más se repiten en el mundo privado son Arturo Fermandois, profesor de la Universidad Católica y quien participó, junto con otros 14 constitucionalistas, en el diseño del proceso constituyente al redactar la Ley 21.200 publicada en diciembre del año pasado.

También Constanza Hube, de Libertad y Desarrollo, quien también estuvo en las negociaciones del 15 de noviembre pasado. A ellos se suman Gastón Gómez, José Francisco García, Fernando Atria, Enrique Navarro, Carlos Carmona, Francisco Zúñiga, Isabel Aninat, Eduardo Cordero y Javier Couso, entre otros expertos.

Las alertas están encendidas en las empresas relacionadas con la explotación de recursos naturales como agua, pesca, minerales y las firmas relacionadas con la agricultura, quienes antes del plebiscito han estado siguiendo de cerca -con “serenidad y atención”, cuentan algunos expertos, las propuestas que se han puesto sobre la mesa respecto de la transformación que sufrirá la Carta Magna. El interés mayor, en los últimos días, ha estado en las AFP, isapres y compañías de seguros, empresas que ven con preocupación proyectos como el retiro del 10% tanto de los Fondos de Pensiones como en las Rentas Vitalicias, iniciativas que saben, además de la discusión que hoy se está dando en el Congreso, se transformarán en temas constitucionales.

Pero la discusión está motivando al mercado de los abogados constitucionalistas, cuyas tarifas por asesorías, cuentan en el sector empresarial, no han sufrido incrementos luego del alza que sufrieron en los últimos años. De hecho, se habla de una estabilización de los precios durante el año pasado, situación que a la fecha se mantiene, cuentan las fuentes consultadas. El arancel promedio de los abogados privados fluctúa entre las 3 UF para los abogados más jóvenes hasta las 8 UF por hora para los expertos más seniors. En cuanto a los Informes en Derecho, los valores también son de mercado y van desde los $ 7 millones hasta los $ 15 millones en promedio, dependiendo de la profundidad del análisis, el número de páginas y las comparativas que realiza.

“Esto es un boom de necesidad”, afirma un conocido abogado consultado, pues agrega que “inevitablemente, en los próximos meses se va a profundizar la necesidad de tener una asesoría constitucional”, dice.

Dos años de incerteza

Es que serán dos años de incertidumbre, cuenta otro abogado de la plaza, ya que, según el itinerario constitucional, la nueva Carta Fundamental debería entrar en vigencia entre agosto y septiembre de 2022. “Se trata de dos años de un marco regulatorio incierto. Son dos años de cierta incerteza, porque si bien hay confianza en Chile, las reglas no se van a saber con certeza hasta cuando salga la nueva Constitución y se conozca cuáles serán sus artículos transitorios”, explica.

“Ha sido intenso”, cuenta Constanza Hube, abogada de Libertad y Desarrollo, magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional de la Universidad Católica, que, desde la academia, ha participado en varias charlas tanto para la sociedad civil como en foros empresariales y conversaciones con gremios. “Al comienzo había mucha desinformación respecto del proceso. Por eso me han pedido hartas charlas tanto empresas como asociaciones gremiales para poder entender qué es lo que está en juego. También para saber qué dice la Constitución actual y cómo se divide el proceso, entendiendo las alternativas y los hitos que tiene el proceso constituyente”, señala la experta, quien además participó en la intensa negociación de los partidos políticos la noche del 15 de noviembre.

Y hoy, posplebiscito, los privados están mirando con atención lo que pueda suceder el próximo 11 de abril, cuando se conozcan los integrantes de la convención constitucional y se comience a discutir el reglamento con el que operará. “Esto es clave”, señala un abogado de la plaza. “Con el perfil de sus integrantes se sabrá si habrá cambios drásticos a la Constitución o bien serán modificaciones conservadoras. La señal de los privados se dará en el ritmo que tomarán las inversiones a contar de mayo del próximo año”, indica el experto.

Los temas que preocupan

“El tema que salta de inmediato en el debate es qué pasará con el derecho de propiedad. Con la libertad de la empresa, la igualdad tributaria en relación a las garantías de la igualdad tributaria”, cuenta un abogado consultado que también ha asistido a directorios de empresas, ha dado charlas a gremios y ha preparado en los últimos meses varios informes en derecho.

Y aunque otro abogado indica que ya está internalizado que el derecho a la propiedad no se tocará -"lo ha dicho hasta la izquierda más dura", dice, hay incertidumbre respecto a qué sucederá, por ejemplo, con el estatuto de expropiación. “Qué pasará con las garantías que hay hoy. Eso se respetará o cambiará”, indica. Estas garantías son el precio y la forma en que se pacta el valor a pagar al momento de expropiar y la forma en que se ejecuta la expropiación. “Hoy para expropiar hay que pagar un precio que no lo fija el Estado, sino que es de común acuerdo y, si no hay acuerdo, lo fijan los tribunales. Se paga al contado y se toma posesión material del inmueble después de pagado. Esas cosas que son muy relevantes para el inversionista, hay que ver si se van a mantener o no”, indica.

También las garantías que tienen que ver con la propiedad minera. “Van a seguir las garantías que son claves para la concesión minera que son muy importantes para la certeza jurídica”, se pregunta.

También, indica un experto consultado, en el mundo privado surge la duda sobre cuál será el alcance del reconocimiento del derecho económico como también los sociales, culturales y ambientales en la nueva Constitución y cuál será la incidencia que tendrán esos derechos, ahora reconocidos constitucionalmente, en la actividad del Estado y en la financiación de los programas sociales asociados a esos nuevos derechos.

“Esto supondrá un mayor esfuerzo y un rol distinto del Estado, que supondrá que el Fisco tendrá mayores exigencias financieras para poder atender a esos derechos. ¿Cómo se traducirá ese mayor esfuerzo? Son algunas de las inquietudes”, indica.

Y está todo lo relacionado con los derechos de agua. “Hay temas que son obvios que se van a abordar en una nueva Constitución. Uno de ellos es la propiedad de los derechos de agua y la propiedad de las empresas sanitarias. Este tema preocupa”, cuenta. Añade que, en ese sentido, hay una mirada transversal, dado que Chile es un país más liberal en esos temas. “Me imagino que, en la propiedad de la empresa sanitaria, se transitará hacia un modelo concesional, donde se tendrá una fecha de término del dominio concesional y no algo indefinido como es hoy con algunas empresas sanitarias, como el caso de Aguas Andinas y Esval”, indica la fuente.

Junto con eso, se han planteado consultas respecto a las concesiones marítimas y de acuicultura, donde en la actualidad hay una fuerte disputa con los pueblos originarios. “Hay varios temas que van a condicionar el desarrollo de proyectos, y algunos están consultando cómo les pega este tipo de situaciones, como pesqueras y salmoneras. Esa es una tremenda discusión”, señala un abogado que ha estado trabajando con ese tipo de empresas.

El llamado a la calma: límites a la convención

Pero también se han entregado mensajes que llaman a la calma dentro del mundo privado, pues existe una cláusula que establece ciertos límites a la convención constituyente. Así quedó estipulado en la actual Constitución luego de la reforma que se realizó al capítulo XV en diciembre pasado y que habilitó el proceso constituyente que vivirá el país en los próximos meses.

Se trata del artículo 135, inciso final, donde se indica que la nueva Constitución tiene que respetar el carácter de República que tiene el Estado de Chile y su régimen democrático, y, junto con eso, se deben respetar los tratados internacionales que hayan sido suscritos por Chile y que estén vigentes, donde también se incluyen los convenios relacionados con las inversiones, recalca un abogado de la plaza. En términos económicos, el país mantiene 29 vigentes desde el regreso a la democracia.

Sin embargo, y pese a la existencia del marco que permite que la discusión constitucional no empiece desde cero, existe la certeza en el mundo legal que una vez que entre en vigencia la nueva Carta Fundamental, habrá un nuevo auge para los abogados expertos en estas materias, pues aseguran los consultados que “habrá muchos litigios”.

“Si la nueva Constitución comete imprudencias normativas y se vulneran derechos, después de la entrada en vigencia, habrá muchos litigios, de eso no cabe duda”, sentencia un abogado constitucionalista.

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