La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó con una multa de 5.000 UF ($197 millones) a Rodrigo Topelberg, socio del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, por infringir la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores.

Según la resolución del regulador, STF Corredores de Bolsa logró mantenerse operativa pese a no contar con las condiciones económicas necesarias, ocultando su deteriorada situación financiera. Esta omisión permitió a la entidad captar ingresos, clientes y concretar negocios que no habrían ocurrido de haberse conocido su verdadera situación.

“La corredora pudo mantenerse en operaciones pese a no contar con las condiciones económicas para ello, ocultando su mermada situación financiera, lo que le permitió recibir ingresos, captar clientes y negocios que no habrían tenido lugar de haberse conocido la verdadera situación financiera, todo lo cual operó en beneficio del negocio en el que el Investigado era propietario indirecto”, señaló la CMF.

En este caso, Topelberg incumplió los estándares mínimos requeridos, entregando información financiera falsa tanto a la autoridad reguladora como al público en general. Esto impidió que los interesados y la propia CMF pudieran tener acceso a datos veraces y oportunos sobre la real situación financiera de STF.

Según el regulador, las conductas del sancionado constituyen infracciones graves que afectan directamente el interés público y ponen en riesgo la integridad y el correcto funcionamiento del mercado de valores, al obstruir los mecanismos que garantizan la transparencia y solvencia de los intermediarios.

En su resolución, la CMF destacó que las corredoras de bolsa son agentes fundamentales para el mercado de valores, ya que su labor permite a las personas acceder a la intermediación financiera y gestionar sus ahorros de manera eficiente. Reconociendo esta importancia, la Ley de Mercado de Valores regula estrictamente la actividad de los corredores, exigiendo, entre otras obligaciones, la presentación transparente de su información financiera.

Asimismo, sostuvo que este marco normativo establece condiciones mínimas en cuanto a patrimonio, liquidez y solvencia, con el objetivo final de garantizar que solo operen aquellas entidades que puedan cumplir sus obligaciones y que brinden confianza a los inversionistas sobre la salud financiera del intermediario encargado de gestionar sus activos.