El escándalo de las licencias médicas irregulares que destapó el informe de Contraloría está obligando a algunas reparticiones del Estado y empresas públicas a aplicar severas sanciones.

Codelco es una de ellas. Consultada por Pulso, la estatal especificó que las 204 licencias identificadas por la Contraloría para Codelco, involucran a 153 personas, de las cuales 118 estaban trabajando en la empresa al momento de recibir la información.

De ellas, 21 personas ya fueron desvinculadas y seguimos avanzando en el análisis de los demás casos para que cualquier irregularidad sea sancionada con la máxima severidad, como lo hemos hecho hasta ahora".

“Los trabajadores de Codelco se rigen por el Código del Trabajo, pero los antecedentes compartidos por la Contraloría ameritan una reacción enérgica en los casos en que se confirman irregularidades”, sostuvo.

Pulso supo que los despidos se hicieron bajo la figura de faltas a la probidad en el desempeño de sus funciones, que están bajo el paraguas del artículo 160 del Código del Trabajo, lo cual supone que esas desvinculaciones no tienen derecho a indemnización.

ENAP

No es la única empresa estatal que adoptaría medidas. La petrolera estatal dijo a Pulso que tras una primera revisión del reporte de Contraloría, constataron que los casos referidos corresponden a 70 personas, “algunas de las cuales ya no están en la organización”.

La estatal no precisó un número.

“Sin perjuicio de lo anterior, respecto de todos los casos notificados por la Contraloría iniciamos una investigación responsable, rigurosa y expedita, resguardando debidamente los derechos de todas las personas involucradas, con el fin de tomar las medidas pertinentes según la normativa vigente nuestro Reglamento Interno y Código de Ética”, dijo ENAP.

BancoEstado

En ese mismo contexto, BancoEstado anunció la semana pasada un proceso interno de revisión para aclarar lo sucedido con más de 300 trabajadores, según un informe de Contraloría.

“Se llevará a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos, y las responsabilidades individuales que correspondan, y se aplicarán las medidas administrativas y legales conforme a la normativa vigente”, dijo la entidad en un comunicado.

La institución afirmó que es una empresa del Estado “que se rige por los más altos estándares de probidad” y que “en consecuencia, rechaza categóricamente cualquier conducta que se aleje de dichos principios e impulsa, de manera permanente, una cultura institucional basada en la ética y la transparencia, de cara a sus clientes y al país”.

Metro

Una de las empresas públicas que ha estado en el ojo del huracán por este escándalo es Metro.

El gerente corporativo de Personas, Patricio Baronti, tuvo que presentar su renuncia al cargo luego que se confirmara que viajó fuera de Chile mientras se encontraba con permiso médico.

El ejecutivo admitió que cometió un error, aunque aseguró que no hubo mala fe en su actuar.

En una carta enviada este lunes a los trabajadores de la empresa, Baronti, quien se mantenía en la empresa de transportes desde 2014, explicó que el viaje de cinco días junto a su madre formaba parte de su proceso de recuperación médica, el cual incluía recomendaciones de sus especialistas para mantenerse activo y evitar permanecer en casa.

“Como parte de mi tratamiento, los especialistas me recomendaron evitar quedarme en casa, fomentando desplazamientos y contacto con personas relevantes para mí”, escribió.

De acuerdo al informe de Contraloría, en la empresa que opera el tren subterráneo se identificaron 188 licencias médicas irregulares.

Metro dijo a Pulso que ha recibido el oficio de Contraloría y está recopilando los antecedentes “para adoptar las medidas disciplinarias que correspondan según lo que dispone nuestro reglamento interno y la legislación aplicable”.

TVN

En la misma línea y tono de las otras estatales, TVN informó a Pulso que el Directorio instruyó a la Gerencia de Contraloría realizar la investigación de los 5 casos detectados “con la máxima rigurosidad”.

Ello con el objeto de tener todos los antecedentes que permitan tener claridad de los hechos “y hacer efectivas las responsabilidades que correspondan, todo ello en el más breve plazo posible”.

“Cabe señalar que los trabajadores de Televisión Nacional de Chile se rigen por el Código del Trabajo y no por el Estatuto Administrativo”, precisó la señal pública, que atraviesa una compleja situación financiera.