Columna de Bernardo Larraín: “Pacto fiscal, primeros pasos”

Las dificultades que enfrenta el gobierno para tramitar y aprobar sus proyectos de ley son evidentes. El caso más paradigmático es el de la reforma tributaria, cuyo intento inicial sucumbió en el Congreso con el rechazo a la idea de legislar, lo que obligó a iniciar conversaciones fuera del hemiciclo, las que tampoco han fructificado. Como si fuera poco, el “caso Democracia Viva” ahonda todavía más las fundadas dudas sobre la capacidad del Estado de dar un buen uso a los recursos fiscales, componente ineludible de cualquier debate tributario.

Acierta el ministro de Hacienda cuando, recogiendo un debate que hemos alentado desde las organizaciones de la sociedad civil, redefine su estrategia y llama a un “Pacto fiscal”. Dicho esfuerzo, entendemos todos, no sólo incluye las modificaciones a la estructura tributaria, sino que incorpora otros dos pilares estructurales fundamentales: incentivos a la inversión para recuperar el crecimiento económico y la tan mentada modernización del Estado.

Es un hecho evidente que, a ciertos sectores políticos, no sólo en Chile, sino también en el mundo, les ha costado entender que el crecimiento económico es la base de cualquier política social exitosa; ya que, como es obvio, el impacto de distribuir la riqueza supone el que esta, primero, se genere. Y en el caso de la modernización del Estado, se trata de una retórica que transversalmente se escucha en la boca de gobiernos de todo el espectro político, pero que -para no pagar los costos políticos que significa, ni entregar una parte del poder del cual disponen- terminan por claudicar en este esfuerzo.

Por ello, especialmente en un contexto de estancamiento económico y fallas graves del Estado que una vez más se hacen evidentes, el orden de los factores sí altera el producto. En efecto, creemos que la única manera de avanzar en este pacto fiscal es primero poner sobre la mesa cuáles deberían ser esos incentivos para la inversión y el crecimiento y, al mismo tiempo, desplegar la primera parte de una agenda concreta y real de modernización del aparato público; y, con esa base, discutir los cambios que deben hacerse al sistema tributario.

Se debe celebrar que el ministro de Hacienda mostrara sus cartas con 36 medidas proinversión. Pero como menos es más, creemos imperativo poner el foco en una de ellas: reformar el sistema de permisos ambientales y sectoriales de proyectos de inversión, pues la patente discrecionalidad, extensión y excesiva burocracia de los procesos referidos, representan el principal impuesto que grava la inversión en Chile. Se han logrado amplios consensos técnicos, y ahora llegó el momento de traducirlos en proyectos de ley que equilibren los necesarios altos estándares ambientales, con la mayor certidumbre de criterios y plazos para los inversionistas.

El ministro también anunció que en una próxima instancia pondrá en el debate propuestas de modernización del Estado. Cuando observamos una vez más sus graves fallas gestionando recursos públicos, creemos que esta agenda debe comenzar por una reforma el régimen de empleo público, para separar con nitidez las tareas de conducción política, por una parte, y de administración pública, por la otra; restringiendo el número de nombramientos de confianza de los gobiernos de turno; y ampliando un servicio público más técnico, profesional y dinámico. Y, con igual importancia, debe también contemplar la creación de una agencia autónoma que sistemáticamente evalúe la calidad e impacto de políticas, programas y gasto público. Si bien creemos que ambas reformas deben ser habilitadas desde la Constitución, no hay razón para no avanzar en paralelo en su derrotero legislativo.

Y con estas y otras medidas concretas, es que podemos abordar una discusión tributaria, sabiendo bien dónde y cómo queremos gastar los recursos que son de todos los chilenos. Entonces, nuevamente asumiendo temas políticamente difíciles, pero coherentes con el esfuerzo que estamos impulsando, en el tercer pilar, el tributario, se deben seguir mejorando los instrumentos para enfrentar la evasión y elusión incentivando la economía formal; eliminar exenciones o privilegios tributarios que ya no se justifican; acotar, cuando no eliminar, la renta presunta; avanzar en la tributación de externalidades negativas; cerrar las brechas de competitividad en la tributación a las empresas y de tasas en los impuestos personales; subir gradualmente la base de contribuyentes de estos últimos, estableciendo un impuesto negativo bajo un cierto nivel de ingresos.

De esta forma, partiendo por el principio y no por el final, quizás tengamos la posibilidad de un buen acuerdo, el que reedite y conecte con las necesidades del país y su gente.