Chile enfrenta hoy una encrucijada que ya no admite ambigüedades ni diagnósticos tibios: seguir atrapados en un falso dilema entre crecimiento y protección ambiental es probablemente una de las causas del profundo rezago en materia de crecimiento del país de los últimos años.

La reciente cumbre ambiental convocada por Sofofa el pasado 20 de mayo, que reunió a actores del mundo público, privado y académico con el propósito de avanzar con el título de esta columna, dejó en evidencia algo incómodo pero ineludible: el síntoma visible se concentra en la gestión de permisos y su elevado nivel de impredecibilidad. Los datos muestran que detrás de proyectos detenidos o judicializados no hay solo burocracia, sino también vacíos de información, capacidades y estándares de representatividad limitados, junto a brechas normativas, que nos distancian de lo observado en países referentes, lo cual genera desconfianza, obstáculos a la inversión y amenazas al medio ambiente.

El país cuenta con ventajas comparativas evidentes: liderazgo en minerales críticos y progresivamente en la elaboración de combustibles sintéticos, cadenas productivas con ventajas competitivas, una vocación exportadora y una base territorial productiva que forma parte de nuestra identidad. Sin embargo, estas fortalezas no se traducen automáticamente en desarrollo. Requieren un marco institucional que dé certezas y reduzca la arbitrariedad. Aquí es donde la discusión se vuelve relevante.

Porque pasar del permiso a la confianza no es un ajuste administrativo: es una decisión de política pública que supone mover el foco desde la lógica reactiva hacia una lógica proactiva, de alcance estratégico, basada en capacidades, información y reglas claras que debemos priorizar y en que el sector privado puede ser un actor clave. El cómo construirlo se basa en fortalecer tres pilares fundamentales: (i) instrumentos económicos ambientales efectivos, (ii) estándares altos sustentados en información representativa y confiable y (iii) una normativa coherente y aplicable.

Existen ejemplos concretos que muestran que esto es posible. A partir de la clase magistral del Doctor Petros Koutrakis de la Universidad de Harvard presentada el pasado miércoles, pudimos conocer las conclusiones preliminares de un inédito estudio en desarrollo en Santiago, que efectúa la trazabilidad de los beneficios en calidad del aire del recambio masivo de calefactores a leña por sistemas eléctricos de calefacción residencial, iniciativa asociada a los compromisos adquiridos por Anglo American Sur durante la aprobación por unanimidad del Proyecto Los Bronces Integrado. En palabras del profesor Koutrakis, el recambio masivo corresponde a una de las más grandes intervenciones urbanas en descontaminación atmosférica a escala global y ya evidencia que los hogares beneficiados han tenido reducciones de los niveles de contaminantes atmosféricos al interior de sus hogares del orden de un 30%. Este caso es un valioso ejemplo de una política pública ambiental que ha traspasado varios gobiernos y que abren la esperanza de construir un camino de colaboración público-privada que puede trascender su diseño para el componente aire, extrapolándose a otras dimensiones ambientales y replicarse en todo el país. Así podemos ir al fondo, emulando el desarrollo instrumental y los estándares de diseño normativo presentes en países desarrollados que han logrado simplificar de manera sustantiva su sistema de permisos por la vía de fortalecer el diseño normativo en materia medioambiental, dotándole de eficiencia y certezas.

Chile necesita un giro más decidido. El fin de un dilema para avanzar por un camino que busca “proteger bien para crecer mejor” no es un eslogan, sino un principio operativo que permita que estándares, data y elevadas capacidades ambientales junto a instituciones robustas, operen no como una carga, sino como una condición detonante para alcanzar un desarrollo sostenible.

- Concha es presidente de la Mesa de Medio Ambiente de Sofofa y Cáceres es director del Centro Energía y Medio Ambiente de Sofofa.