Columna de Patricio Arrau: “Retomando el debate de pensiones”

Patricio Arrau Pons

"Mientras el gobierno no se abra a reconocer que el modelo de desintegración vertical, que monopoliza en el Estado la administración de cuentas individuales y nocionales, no solo tiene altas probabilidades de resultar más costoso y pagar menores pensiones, sino que, impide lograr acuerdos en componentes del proyecto donde sí es posible avanzar, se ve difícil destrabar la discusión".


En columna en este mismo medio el pasado 23 de febrero, “Ventajas de la centralización/licitación del soporte de las AFP”, el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, expone nuevamente la posición del gobierno acerca de que “uno de los elementos más relevantes de la propuesta previsional del Presidente Boric consiste en la desintegración vertical de las actividades de soporte e inversiones de las AFP”. Se insiste en la separación industrial o desintegración vertical, donde la administración de cuentas y la relación con el afiliado se entrega a un monopolio estatal. Lo nuevo en esta ocasión es un ejercicio que compara los costos de las AFP y de la Administrador de Fondos de Cesantía (AFC), de modo de presentar a esta última como un caso que demostraría los ahorros de costos que argumenta el gobierno.

La comparación AFC y AFP merece un debate profundo e informado, para lo cual no hay espacio aquí, pero se deja planteado el tema. En apariencia la AFC y las AFP harían lo mismo. Ambas reciben primas o cotizaciones, las asignan a cuentas individuales, invierten los recursos y pagan beneficios. La AFC invierte US$11 mil millones en dos fondos de características similares al Fondo E de las AFP y tiene comisión de saldo de 0,42% anual. Las AFP invierten US$178 mil millones en cinco fondos, de diversa combinación calidad-riesgo, y tiene comisiones que representan 0,66% como comisión de saldo.

Hasta ahí las similitudes y la enorme diferencia en el monto administrado, que explica la diferencia de costo unitario, pues la función de inversiones tiene costos proporcionales al saldo del fondo. Pero es el detalle y la complejidad de los servicios entregados a los afiliados lo que hace que no sean comparables, que se trate de peras y manzanas. La AFC entrega un monoproducto, sin opción de elegir para el afiliado, para cubrir algunos meses de cesantía, y lo hace a solicitud del cesante una vez que ocurre el evento. Muy simple. Las AFP atienden todos los días diversos servicios, entre los cuales están el ahorro y desahorro en la vejez a lo largo del ciclo de vida; y muchos otros servicios que no provee la AFC. Deben mantener a los afiliados fidelizados, con información y asesoría, pues en el sistema de AFP sí existe la opción de elegir y cambiar de proveedor, que es lo que desean los afiliados. El subsecretario sostiene haber limpiado el efecto de la función de inversiones y que compara solo costos administrativos. No es verosímil que se sostenga que la AFC podría administrar todo el sistema a un costo unitario de soporte por afiliado del 10% de lo que lo hacen las AFP. Indispensable es que el gobierno dé a conocer en detalle la apertura que hace para llegar a este resultado, de lo contrario seguimos con un debate de frases para la galería.

¿Cómo se comparan el AFC y las AFP en rentabilidades? El fondo E de las AFP maneja una cartera similar a los fondos de la AFC, principalmente en cartera fija nacional y bajo porcentaje extranjera. Según la Superintendencia, en los últimos 12 meses, 36 meses y 10 años, el fondo E de las AFP rindió 7,8%, -0,7% y 3,3%, respectivamente. Ello se compara muy favorablemente para las AFP respecto a las rentabilidades en los mismos períodos de la AFC para la cuenta individual, que rindió de -3,5%, -3,47% y 2,0%, respectivamente. Ello es un indicio de que se trata de peras y manzanas. Enorme diferencia que cubre cualquier diferencia en comisión de saldo.

Mientras el gobierno no se abra a reconocer que el modelo de desintegración vertical, que monopoliza en el Estado la administración de cuentas individuales y nocionales, no solo tiene altas probabilidades de resultar más costoso y pagar menores pensiones, sino que, impide lograr acuerdos en componentes del proyecto donde sí es posible avanzar, se ve difícil destrabar la discusión. Eliminar la industria privada de ahorro para la vejez no puede ser un punto de partida para los acuerdos.

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