Durante la mañana de este viernes, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) llevó a cabo una sesión extraordinaria en la que se escucharon los alegatos por la contienda de competencia que mantiene enfrentado al Comité de Ministros con el Primer Tribunal Ambiental (1TA), en el marco del caso Dominga.

La disputa surgió luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -en su rol de secretaría técnica del Comité de Ministros- presentara un requerimiento ante el TC, acusando al 1TA de exceder sus atribuciones e invadir competencias exclusivas de órgano gubernamental. El 15 de abril, dicho requerimiento fue declarado admisible por el TC.

Así, el TC definirá si el 1TA invadió las atribuciones del Comité de Ministros al ordenar que el SEA emitiera una nueva resolución sobre el proyecto minero portuario Dominga, impulsado por Andes Iron -ligada a la familia Délano Méndez-, dando cumplimiento a la sentencia definitiva del 9 de diciembre de 2024, que revivió el proyecto privado al declarar ilegal el actuar del Comité de Ministros en 2023, que rechazó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero portuario.

La audiencia ante el TC contó con la participación de las ministras Nancy Yáñez Fuenzalida (Presidenta), María Pía Silva, Marcela Peredo, y el ministro Raúl Mera Muñoz.

Por las partes, alegaron el abogado Gonzalo García , en representación del Comité de Ministros, y la abogada Yordana Mehsen, por el Primer Tribunal Ambiental.

El abogado García, argumentó el Tribunal Ambiental no estaba facultado para dictar la sentencia que ordenó el cumplimiento forzado de su sentencia del 9 de diciembre.

“El 1TA carece de las facultades para determinar el contenido de los elementos discrecionales de un acto administrativo”, sostuvo, remarcando que “nos encontramos frente a una extralimitación de competencias que se verifica en el cumplimiento incidental de esta sentencia”.

“No le pedimos nuevamente al tribunal que resuelva el mérito del proyecto (Dominga) ni tenga una palabra final sobre su ejecución”, agregó, solicitando que “este Tribunal haga respetar la Ley, cese la invasión de competencias sobre el SEA”.

Por su parte, la abogada Mehsen destacó que, tras haber ejercido durante 5 años como abogada y jefa de litigios del propio SEA “en ninguna de esas causas se cuestionó la competencia del Tribunal Ambiental para conocer del mérito de la resoluciones del Comité de Ministros o del SEA”.

“Me tocó (conocer) alrededor de 250 causas, y en ninguna de estas, se alegó algo así” señaló, agregando que “hoy día lo que se está pretendiendo con esta contienda de competencias es prácticamente dejarnos sin un control jurisdiccional en materia ambiental, (por lo que) se nos estaría privando de lo único que hoy nos ampara ante una eventual desviación de poder de la administración, todo porque existe insatisfacción con una sentencia definitiva”.

Al término de la audiencia, se certificó que en la causa se adoptó “un acuerdo”, por lo que los ministros deliberaron sobre el fondo del asunto. Sin embargo, el fallo aún no ha sido publicado.