La Comisión Europea multó a AliExpress con 550 millones de euros por incumplir sus obligaciones bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), al no evaluar ni mitigar de forma diligente los riesgos vinculados a la venta de productos ilegales, inseguros o falsificados en su plataforma de comercio electrónico.

Junto con la sanción, la comisión dijo en un comunicado que ordenó a la compañía tomar medidas correctivas.

El organismo europeo determinó que la plataforma falló en dos frentes centrales. Por un lado, no evaluó adecuadamente el riesgo de difusión de productos ilegales, inseguros o falsificados a través de sus servicios. Por otro, no adoptó medidas eficaces para reducir ese riesgo una vez identificado.

En el primer frente, la comisión detalló que AliExpress no evaluó correctamente si contaba con suficiente personal para revisar productos potencialmente ilegales y “sobreestimó la efectividad de su sistema” de detección y eliminación.

Las pruebas realizadas por los servicios de la comisión mostraron que “muchos productos ilegales fueron recomendados o publicitados a los consumidores antes de ser eliminados efectivamente”. La compañía, además, se apoyó en un solo indicador cuantitativo que no medía adecuadamente el desempeño de su sistema de moderación.

En el segundo frente, el de la mitigación de riesgos, la Comisión Europea identificó fallas concretas. El sistema de detección de productos ilegales “no funcionaba correctamente”, y artículos que iban “desde productos falsificados hasta juguetes inseguros y cosméticos peligrosos” circularon en la plataforma y, aun cuando eran detectados, “permanecían en línea durante varias semanas”.

A ello se sumó que la política de sanciones no se aplicó de forma adecuada, que los controles de categorización de productos podían eludirse fácilmente mediante la clasificación errónea intencional y que el sistema obligatorio de “autorización de marca”, pensado para frenar las falsificaciones, “resultó ineficaz y con poco personal”.

La multa se calculó considerando la naturaleza de las infracciones, su gravedad en términos de usuarios afectados en la Unión Europea y su duración, que se extendió al menos hasta junio de 2025, cuando la Comisión emitió sus conclusiones preliminares.

El organismo señaló que no realizar evaluaciones de riesgo adecuadas ni mitigar los riesgos sistémicos constituyen una infracción “particularmente grave” de la DSA. No obstante, también tomó en cuenta circunstancias atenuantes a favor de la empresa, como la novedad de la propia Ley de Servicios Digitales.