Desde su creación en 2018, el abogado Andrés Montes (54) se ha convertido en una figura clave en el grupo de profesionales dedicados a investigar las infracciones en los mercados de valores, seguros y bancario. Montes es el fiscal de la Unidad de Investigación (UI) de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que está integrada actualmente por 21 profesionales —en sus inicios eran diez—, y cuya labor adquirió mayor visibilidad con la trama del denominado caso Audio-Factop.

La unidad de Montes indagaba a la corredora STF cuando en junio de 2023, se reunieron Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos, quienes hablaban de pagos irregulares a funcionarios de la CMF y el SII. En esa conversación, difundida en noviembre de ese año, Hermosilla relató una reunión con Montes, quien le habría adelantado que estaban pidiendo información sobre otra empresa relacionada a STF. Montes lo negó y poco después, en enero de 2024, fue renovado como fiscal por otros seis años por el consejo de la CMF. Después de ese episodio, el fiscal comenzó a grabar las reuniones solicitadas por ley de Lobby.

En diciembre cumple ocho años en la CMF. ¿Cuáles son sus logros como fiscal?

Creo que dentro de los principales logros está haber consolidado un equipo de trabajo altamente especializado que es capaz de asumir una gran cantidad de casos y que hemos ido estableciendo precedentes importantes en distintas áreas bajo la supervisión de la comisión y eso creo que es un logro significativo.

El Área de Cumplimiento de Mercado, antecesora de la Unidad de Investigación, era más acotada y con menos atribuciones. Ustedes pueden usar medidas intrusivas. ¿Para dónde va el futuro de la UI?

Efectivamente la Unidad de Investigación es distinta a todos los equipos que hubo previamente, ya que, en primer lugar, es una unidad creada por ley, la ley que crea la CMF. Dentro de las atribuciones no sólo está desarrollar las investigaciones, sino que también otros temas como verificar el cumplimiento de las sanciones, colaborar con organismos internacionales a la hora de proveer de información y hoy tenemos más y mejores atribuciones para investigar las irregularidades en el mercado financiero. Teniendo en cuenta, además, que los equipos previos sólo se focalizaron en valores, nosotros tenemos hoy en día dentro del ámbito de trabajo bancos e instituciones financieras y todo el mercado de seguros.

¿Qué desafíos se vienen para la Unidad?

Nuestro desafío permanente se construye a partir de la idea de que la confianza en el mercado financiero requiere investigaciones prolijas y sanciones disuasivas. Ese es el foco de nuestro trabajo. En ese contexto, en la medida que vamos recibiendo la información, nuestra idea es procesarla de la forma más adecuada para ir logrando sanciones disuasivas para aquellas conductas que efectivamente afectan el correcto funcionamiento del mercado.

¿Cómo ha funcionado el denunciante anónimo y las recompensas?

El sistema del denunciante anónimo ha comprobado ser una herramienta muy útil a la hora de identificar irregularidades que de otra forma la CMF no habría podido identificar. Eso lo hemos comprobado a través de las distintas solicitudes de denunciante anónimo que hemos recibido, que hasta ahora han sido 130, de las cuales el 25% han sido acogidas, porque hemos sido muy estrictos en sólo acoger aquellas solicitudes de reconocimiento de la calidad de denunciante anónimo que aportan antecedentes sustanciales, precisos, veraces, comprobables y que además sean desconocidos para la CMF.

Ya se ha autorizado el pago de compensaciones económicas y hasta ahora son más de 11.000 UF, pero eventualmente crecerá en los próximos meses (...).

No me puedo referir a qué casos son, porque eso pone en riesgo eventualmente la identidad del denunciante anónimo. Para que esto funcione adecuadamente debemos resguardar el secreto y la identidad de las personas que es lo que les aseguramos cuando hacen una presentación.

La UI puede utilizar herramientas intrusivas como acceder a información sujeta a secreto bancario. ¿El control judicial es clave para evitar que esta información pueda ser usada con otros fines?

Como Unidad de Investigación y como CMF tenemos las facultades para solicitar medidas intrusivas, no sólo el levantamiento del secreto bancario, sino que también ingresar a recintos privados, incautar objetos y documentos, acceder a comunicaciones privadas y el control judicial de aquellas facultades. Hasta el momento, se ha llevado a cabo normalmente sin dificultades y ha permitido realizar las diligencias que son de interés para nosotros en cada caso.

Pero a su juicio, ¿es relevante que esa autorización pase por un magistrado?

Más allá de lo que se está analizando hoy en el Congreso Nacional, en buscar otras alternativas para levantar el secreto bancario, en nuestro caso, cuando hemos necesitado hacerlo, se ha logrado y hemos podido contar con la autorización judicial respectiva.

¿Cómo calificaría la conducta de los agentes que supervisa la CMF? ¿Hay demasiado incumplimiento?

No me atrevería a decir eso, porque el sistema de fiscalización de la CMF es muy exigente, riguroso e intrusivo, de manera tal que las infracciones que se van detectando son muy acotadas en un universo de más de ocho mil entidades y personas fiscalizadas, por lo que no me atrevería a decir que hay incumplimientos permanentes en cada uno de los ámbitos de supervisión.

¿Cómo calificaría la conducta de los supervisados?

Más allá de los incumplimientos que ha habido en algunas de las industrias en particular, no me atrevería a dar una opinión sobre el comportamiento global, porque nosotros sólo investigamos infracciones específicas en términos más acotados.

¿Dónde espera concentrar sus investigaciones? ¿En qué áreas detecta mayores riesgos?

Nuestro foco está en velar por la confianza y el correcto funcionamiento del mercado financiero. Eso supone que realicemos, frente a una infracción, investigaciones prolijas y rigurosas y al mismo tiempo que se dicten sanciones que sean disuasivas. En ese contexto, nuestro foco principal ha estado dado en los siguientes ámbitos: uso de información privilegiada. En segundo lugar, la entrega de información falsa al mercado y al regulador. Tercero: los abusos de mercado. Cuarto: principalmente en aquellas conductas que vulneran la confianza en que inversionistas, depositantes y asegurados tienen del mercado financiero. Esos son los focos que hemos tratado de resguardar.

¿Cómo cree que es vista su unidad por parte del mercado financiero?

Tengo la impresión de que en general se ve a nuestra Unidad como una entidad responsable, acuciosa en las actividades que realiza y en general tenemos un trato muy respetuoso por parte de los fiscalizados que son objeto de nuestras indagaciones.

Pero la CMF ha recibido críticas en varios casos, como las de Larraín Vial, por la investigación del caso del Fondo Capital Estructurado, cuya arista penal se cerró para ellos. ¿No teme perder esos casos judicialmente?

Creo que hemos realizado un trabajo prolijo de forma muy rigurosa y responsable. El día en que las personas formuladas de cargos digan que hicimos bien nuestro trabajo, estamos en problemas, porque obviamente frente a una situación donde perseguimos infracciones, muchas veces van a estar disconformes con las decisiones que vamos tomando.

Se ha criticado, además, la ausencia de abogados en el consejo de la CMF. ¿Usted cree que debería haber por norma abogados, como en el TDLC?

El Consejo de la CMF está integrado por cinco comisionados, todos con vasta experiencia en el mercado financiero, con experiencia profesional y académica y ellos cuentan con las herramientas y la asesoría que se requiera en todos los ámbitos. Ellos tienen las suficientes herramientas para tomar las decisiones que les correspondan.

Sin abogados, ¿no es legítimo pensar que las propuestas del fiscal no sean muy desafiadas por el Consejo y su opinión impere siempre?

Eso no es efectivo, hay muchos casos donde el Consejo no ha estado de acuerdo con los planteamientos que hemos realizado y eso es parte del procedimiento.

¿En qué casos?

Recientemente, el mismo que usted señalaba, de Larraín Vial Activos.

En el caso Cascadas está pendiente el pronunciamiento de la Suprema en casos donde la CMF ha perdido en segunda instancia. ¿Podría ocurrir ahí lo mismo que en el caso SQM?

Entiendo que la arista penal concluyó hace poco, pero no me atrevería a emitir una opinión, ya que se trata de un caso aún pendiente. Además, la decisión que debe adoptar la Corte Suprema se refiere únicamente a algunos aspectos y personas sancionadas en particular, no a la totalidad del caso.

“Nosotros grabamos todas las reuniones con personas externas”

Nunca se pronunció tras su renovación en el puesto, la que estuvo en duda tras el caso Audios. ¿El caso Audios fue su peor momento?

No me atrevería a decir que fue el peor momento. Fue una situación que se dio, donde la comisión ha actuado con la máxima transparencia y todas las decisiones han sido informadas. No quiero comentar al respecto, porque todavía hay una investigación penal vigente y entendemos que mantiene el secreto legal. Pero lo único que le puedo decir de ese capítulo es que el origen de cada una de las situaciones que reveló ese caso se inició en las acciones de supervisión y sanción de la CMF.

A partir de este caso, usted comenzó a grabar sus reuniones, según dijo la presidenta de la CMF en la comisión investigadora.

Siempre hemos tomado los resguardos con todas reuniones y siempre participa no una persona, sino que varias personas del equipo, sea cual sea la reunión. Pero a partir de eso la Unidad de Investigación ha tomado resguardos adicionales, como grabar todas sus reuniones por lobby. Nosotros grabamos todas las reuniones con personas externas, básicamente como respaldo y para tener todos los antecedentes siempre disponibles. A raíz de ese caso, en todas las audiencias por lobby que tenemos con personas externas participo yo y empezamos a grabar todas las reuniones.

La expansión del crédito informal y las apps de inversión

¿Cuántas denuncias ha recibido la Unidad de Investigación este año?

En lo que va de este año hemos recibido 360 denuncias y si bien es una cifra que va creciendo, muy probablemente será un número total mayor que el del año pasado. Pero hay que tener en consideración que el 65% de estas denuncias se refieren a actividades que no son supervisadas por la CMF.

En el último tiempo se ha observado un crecimiento muy significativo en las infracciones relacionadas con el sistema financiero informal. Me refiero, en particular, a los créditos otorgados a través de internet o aplicaciones móviles, actividades que muchas veces están orientadas a engañar, extorsionar o defraudar a las personas que solicitan este tipo de préstamos.

Este fenómeno no es menor, ya que se trata de un delito vinculado al crimen organizado, altamente sofisticado y de carácter transnacional. Hemos comprobado que muchas de estas redes operan desde el extranjero, lo que complejiza aún más su persecución.

Se trata de un fenómeno relativamente reciente, que comenzó a manifestarse con fuerza a partir del año 2020. Aquí se puede ver que tanto las entidades que ofrecen créditos como las aplicaciones que otorgan crédito han creciendo sustancialmente. Eso se debe a varios fenómenos, primero las personas requieren liquidez y que no pueden acceder al sistema de crédito formal y están dispuestos a conseguirlo de cualquier modo.

Nuestra forma de actuar frente a estos casos —que no son fiscalizados por la CMF— ha sido, en primer lugar, informar al público. Para ello, contamos con un sistema de alertas a través del cual comunicamos de manera permanente la existencia de este tipo de entidades, con el objetivo de que las personas cuenten con toda la información necesaria antes de tomar una decisión. Hasta la fecha, hemos emitido alertas sobre más de 360 personas y entidades que realizan este tipo de prácticas.

¿Su crecimiento está vinculado a la mayor cantidad de inmigrantes que ha llegado en Chile?

No necesariamente es un factor que incida en el crecimiento de este tipo de irregularidades, pero cada vez más personas solicitan crédito en el sistema financiero informal, teniendo presente que aquí ni siquiera se revisan los antecedentes comerciales. No solamente se cobran intereses por sobre la tasa máxima convencional, sino que también a la hora de cobrar esos intereses usureros, que en algunos casos exceden el 400% de la Tasa Máxima Convencional, se usan todo tipo de técnicas agresivas, amenazas y extorsiones para lograr el pago de esos créditos. Nos llegan denuncias porque muchas veces estas entidades usan el nombre de la CMF para cometer este tipo de ilícitos para engañar a la persona.

En el ámbito de las aplicaciones hay un fenómeno bien particular, porque lo que se hace es, al momento de bajar la aplicación, pedir a la persona que entregue sus datos personales, la persona entrega todo, fotografía, agenda; entonces toda esa información va a ser usada el día de mañana para extorsionar a la persona. Es un fenómeno sofisticado y que no solo funciona en Chile, sino que funciona desde el extranjero.

¿Con bandas internacionales?

Así es, es crimen organizado de carácter transnacional.

¿Como el Tren de Aragua?

No me atrevería a decir que sean exactamente ellos. Permanentemente, además de generar una alerta al público, denunciamos esto al Ministerio Público, con el objeto de que sean investigados.

¿Existe otra tendencia que estén viendo con atención?

Hay otro fenómeno que también ha tenido un crecimiento notable durante este año: las plataformas de inversión. Si bien este tipo de iniciativas ya existían desde hace algún tiempo, en el último año su expansión ha sido particularmente significativa. Básicamente, se trata de plataformas en internet o redes sociales que ofrecen oportunidades de inversión dirigidas a personas que buscan rentabilizar su dinero. Estas plataformas suelen resultar muy atractivas, ya que prometen rendimientos altos y rápidos. Por ejemplo, hay casos en los que se ofrecen supuestas ganancias del 7% diario, algo completamente irreal.

¿Google y Apple deberían ser más exigentes con las políticas para subir estas apps?

Es un tema que hemos planteado a estas entidades y están tomando las medidas para eso. Hacen un mayor control, sobre todo de estas que ofrecen aplicaciones y que requieren datos de la persona a la hora de descargar. Normalmente, cuando se publican las alertas ellos (Google y Apple) bajan esas aplicaciones de su sitio de descarga.