El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, espera que la el caso por colusión, denunciado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), contra siete empresas que procesan centolla en la Región de Magallanes y a ocho de sus ejecutivos llegue a las sanciones que correspondan.

Según explicó la FNE, al menos entre los años 2012 y 2021, las empresas procesadoras se coludieron para fijar los precios al que compran este recurso, que extraen los pescadores artesanales de la zona.

“Es inaceptable que empresas se coordinen por años para fijar precios y maximizar sus ganancias, afectando el precio justo a los pescadores artesanales, que son los que efectivamente realizan el esfuerzo pesquero de este recurso”, dijo Salas en una declaración enviada por la subsecretaría de Pesca.

Ante este contexto, la autoridad espera que el caso, que hoy está en manos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, “llegue a buen término y se sancionen a los responsables”.

Salas también resaltó el efecto en que tienen las personas la colusión que denunció la FNE. “En Magallanes hoy hay 857 embarcaciones inscritas con el recurso centolla, cada año están trabajando alrededor de 400 de ellas -con cuatro o cinco tripulantes cada una- siendo al menos 2.000 familias las afectadas anualmente”, agregó.

Sobre su rol en la causa, la autoridad explicó que, desde que recibieron la noticia, han “recabado antecedentes, nos estamos coordinando con la delegación presidencial de Magallanes, y sostendremos una pronta reunión con los pescadores artesanales afectados para mantenerlos al día de la investigación”.

La FNE solicitó al TDLC aplicar multas por un total de 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de US$ 54 millones ($51.870 millones) a las empresas involucradas, y de 511 UTA, casi US$445 mil ($424 millones) a los ejecutivos responsables.